Dos siglos de caudillismo, renta y tutela estatal
Venezuela, país sudamericano cuya economía quedó profundamente ligada al petróleo durante el siglo XX, lleva demasiado tiempo discutiendo quién debe administrar el Estado, pero casi nunca cuánto poder debe tener sobre los ciudadanos.
Durante dos siglos cambiaron gobiernos, partidos, discursos y uniformes. Sin embargo, persistió una relación reconocible: el poder decide, reparte y autoriza; el ciudadano solicita, espera y agradece. Esa es la continuidad que este artículo propone examinar: una cultura política donde la libertad termina subordinada a la voluntad del gobernante.
El chavismo agravó esa relación, pero sus antecedentes son anteriores. Por eso, reconstruir Venezuela exige algo más profundo que sustituir a quienes gobiernan.
No nacimos para pedir permiso. Aprendimos a hacerlo.
I. La libertad como trámite
Para producir, importar, construir, enseñar o desarrollar una iniciativa, el venezolano conoce una secuencia familiar: acudir a una oficina, llenar una planilla, esperar una firma, conseguir un contacto o solicitar una excepción.
Con el tiempo, esa práctica dejó de parecer anormal. El permiso se convirtió en parte del paisaje. La libertad dejó de asumirse como punto de partida y pasó a experimentarse como una concesión administrativa.
El problema aparece cuando la autorización sustituye a la responsabilidad: antes de actuar, la persona debe convencer al funcionario; después, incluso cumpliendo las reglas, continúa expuesta a su discrecionalidad.
Nadie nace creyendo que necesita la aprobación de un burócrata para trabajar, crear o prosperar. Esa relación se aprende, se repite y se transmite. Mientras permanezca intacta, cualquier cambio político podrá sustituir a quien concede el permiso sin transformar el sistema que obliga a pedirlo.
II. El problema comenzó antes del chavismo
El chavismo es el movimiento político encabezado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro. Para quienes observan Venezuela desde fuera, sus gobiernos suelen concentrar la explicación de la crisis nacional. Pero identificar responsables inmediatos no basta para entender las condiciones que facilitaron la concentración del poder.
Antes existían el personalismo, el patronazgo y la dependencia de recursos administrados por el Estado. Reconocer esos antecedentes permite preguntar por qué las instituciones resultaron tan vulnerables.
La corrupción agrava esta relación, pero eliminar funcionarios corruptos no resuelve por sí mismo el problema de fondo. Un funcionario honesto también puede administrar facultades excesivas. La pregunta decisiva es qué puede decidir sobre nosotros, con qué justificación y ante quién responde.
Cambiar de gobierno puede abrir la puerta a la reconstrucción. Atravesarla exige revisar también la autoridad que el ciudadano aprendió a aceptar.
III. La orfandad de la libertad económica
Venezuela ha conocido dictaduras, democracias, gobiernos militares y partidos de masas. Sus diferencias políticas fueron profundas. Sin embargo, buena parte de su discusión económica giró alrededor de cómo dirigir la producción y distribuir recursos desde el Estado.
También hubo reformas orientadas al mercado, como las impulsadas en 1989 durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (Haggerty, 1993). Reconocerlas evita confundir una tendencia histórica con una uniformidad absoluta. La discusión es si esas aperturas lograron establecer límites duraderos al poder.
El estatismo tampoco se mide solamente contando ministerios. Un aparato pequeño puede concentrar privilegios, repartir concesiones y someter oportunidades a decisiones personales. El criterio relevante es cuánto depende la iniciativa individual de la autorización política.
La propiedad pierde seguridad cuando su protección cambia con las prioridades del gobernante. Y la competencia se deforma cuando resulta más rentable obtener una excepción que ofrecer mejores bienes o servicios. Bajo esa lógica, prosperar puede exigir cercanía con quien manda.
IV. De la lanza al sello
Venezuela se separó de la Gran Colombia en 1830. La república convivió durante el siglo XIX con caudillos: jefes que combinaban fuerza militar, lealtades personales y control territorial. Sus redes distribuían protección y oportunidades, mientras reclamaban fidelidad.
En 1899, Cipriano Castro llegó al poder mediante una campaña militar. Su sucesor, Juan Vicente Gómez, concentró la autoridad, sometió rivales regionales y fortaleció el ejército. El desarrollo petrolero amplió después los ingresos del gobierno. El poder personal adquirió instrumentos nacionales y recursos antes desconocidos (Haggerty, 1993).
Allí puede rastrearse un antecedente de la tutela: el acceso a oportunidades mediado por la proximidad al poderoso. El Estado social contemporáneo tendría otras instituciones y justificaciones, pero encontraría una sociedad familiarizada con el protector y el protegido.
La democracia inaugurada en 1958 introdujo una transformación fundamental: elecciones, pluralismo y alternancia. A la vez, empleó ingresos petroleros para financiar una amplia intervención económica. La bonanza de los setenta y la nacionalización petrolera de 1976 reforzaron al Estado empresario (Haggerty, 1993).
La metáfora resume esa continuidad: el caudillo perdió la lanza y aprendió a usar el sello. El ciudadano permaneció frente al poder, ahora con una planilla.
V. El país de los solicitantes
La tutela adquiere distintas formas. El empresario busca una licencia; la familia, una ayuda; el trabajador, una oportunidad administrada desde arriba. Cada puerta que depende de una decisión discrecional recuerda quién conserva la llave.
Cuando las reglas son claras y protegen derechos, permiten prever consecuencias y exigir responsabilidades. Cuando multiplican excepciones y facultades arbitrarias, distribuyen privilegios. El problema del permiso es esa capacidad de seleccionar ganadores sin responder adecuadamente ante los afectados.
En ese entorno, conocer al funcionario puede importar más que conocer al cliente. El esfuerzo se desplaza hacia el trámite, el contacto y la influencia. La sociedad pierde inversiones e iniciativas que nunca llegan a materializarse.
La ayuda pública también puede generar dependencia política cuando su acceso depende de afiliación, lealtad o silencio. Quien necesita apoyo queda expuesto a tener que agradecer al gobernante lo que debería recibir conforme a criterios públicos e impersonales.
Incluso la manera de imaginar soluciones cambia. Ante cada dificultad, la respuesta automática pasa a ser pedir una nueva intervención. Así, el ciudadano aprende a esperar y el poder encuentra razones para ampliar su presencia.
VI. La factura del permiso
Todo aparato de tutela necesita recursos. Producir, subsidiar, contratar, financiar y sostener empresas públicas implica obligaciones que no desaparecen cuando termina una bonanza.
La abundancia petrolera alimentó la expectativa de que el Estado podía ofrecerlo todo. Pero un ingreso extraordinario no garantiza capacidad permanente para pagar salarios, mantener infraestructura o financiar subsidios. Convertir una bonanza en compromisos indefinidos prepara dificultades futuras.
Cuando los ingresos resultan insuficientes, la factura puede trasladarse mediante impuestos, deuda, deterioro de servicios o emisión monetaria. La forma del cobro cambia; el costo permanece.
La experiencia inflacionaria venezolana muestra la gravedad de perder confianza en la moneda. La emisión para atender desequilibrios fiscales puede alimentar una espiral de depreciación y aumentos de precios que destruye capacidad de compra (Santacreu & Zhu, 2018).
El ciudadano trabaja y ahorra, pero descubre que conservar billetes no equivale a conservar el fruto de su esfuerzo. La incertidumbre monetaria reduce su capacidad de planificar y lo obliga a defenderse continuamente.
La tutela promete seguridad mientras puede producir nuevas dependencias. Cada promesa debe evaluarse por sus resultados, sus costos y las facultades que entrega al gobernante.
VII. El chavismo y la radicalización del mecanismo
El chavismo combinó liderazgo personal, concentración institucional y uso político de recursos públicos. La dependencia económica adquirió consecuencias directas para quienes disentían.
Human Rights Watch documentó discriminación política en organismos estatales y en Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera pública conocida como PDVSA. Su informe de 2008 describió despidos, exclusiones laborales y restricciones basadas en posiciones políticas (Human Rights Watch, 2008).
Años después, la organización recogió denuncias creíbles de discriminación contra críticos del gobierno en un programa de distribución de alimentos y bienes básicos. La necesidad material podía convertirse en un punto de presión política (Human Rights Watch, 2021).
Estos casos permiten entender el peligro concreto de concentrar recursos sin controles efectivos. Si quien gobierna puede influir simultáneamente en el empleo, la asistencia y las instituciones ante las cuales reclamar, disentir se vuelve mucho más costoso.
El beneficiario aprende que levantar la voz puede comprometer lo que necesita para vivir. La obediencia deja de depender únicamente de la convicción: también puede surgir del miedo a quedar excluido.
El chavismo radicalizó una vieja fórmula: concentrar recursos, repartir dependencia y exigir obediencia. Desmontar sus mecanismos exige proteger al ciudadano frente a cualquier gobierno que pretenda utilizarlos.
VIII. El nudo gordiano
La imagen del nudo gordiano expresa el problema: intentar resolver una atadura sin cuestionar la lógica que la mantiene. Venezuela necesita examinar sus premisas, además de cambiar administradores.
Reducir trámites, digitalizar oficinas y combatir la corrupción son mejoras valiosas. Sin embargo, un permiso digital sigue siendo un permiso. Su rapidez no demuestra que sea necesario ni que la autoridad que lo exige esté justificada.
Cortar el nudo significa presumir libre al ciudadano y exigir al Estado que justifique sus restricciones. Toda intervención debe tener una competencia expresa, una finalidad legítima, límites verificables y mecanismos efectivos de impugnación.
La existencia de una ley tampoco debería cerrar la discusión. Es necesario preguntar qué derechos protege, por qué requiere restringir una conducta y si existe una medida menos gravosa. La legalidad necesita acompañarse de justificación.
Trabajar, producir, comerciar, asociarse y crear no deberían tratarse como favores. Quien ejerce esas libertades responde por los daños que cause y debe respetar derechos ajenos. Pero su iniciativa no pertenece al funcionario.
La transformación comienza cuando dejamos de preguntar únicamente quién firmará la autorización y examinamos por qué debe existir.
IX. El poder debe pedir permiso
Durante demasiado tiempo, la relación política venezolana acostumbró al ciudadano a comparecer como solicitante. La reconstrucción exige invertir esa posición.
El ciudadano no debe demostrar que merece libertad. El Estado debe explicar con qué autoridad interviene, qué límites reconoce y cómo responderá si los vulnera. Esa carga debe recaer sobre quien ejerce el poder.
Un derecho que depende de un carnet, una afiliación o un contacto queda expuesto a convertirse en privilegio. Una libertad protegida necesita instituciones capaces de defenderla incluso cuando incomoda a la mayoría o contradice los planes del gobierno.
Esto también obliga a quienes prometen el cambio. No basta con reclamar límites para los adversarios y reservarse facultades extraordinarias para ejecutar un programa propio. La prueba de una reforma consiste en aceptar que sus restricciones alcancen también a quien la impulsa. Un gobierno comprometido con la libertad debe estar dispuesto a perder instrumentos de presión, renunciar a favores y tolerar decisiones individuales que no comparte. Devolver autonomía significa admitir que millones de personas elegirán caminos distintos de los previstos por el presidente, el ministro o el planificador. Precisamente allí comienza una sociedad de ciudadanos capaces de actuar por cuenta propia.
La discusión venezolana debe ir más allá de quién reparte mejor la renta. Necesita decidir cuánto espacio queda fuera del alcance del gobernante y cómo impedir que vuelva a ocuparlo.
Cambiar a quienes mandan importa. Cambiar las reglas de su autoridad hará posible una transformación duradera.
No nacimos para pedir permiso. Nacimos con derechos que ningún funcionario debería administrar como concesiones personales.
El poder no existe para concedernos libertad. Existe para protegerla y debe justificar cualquier decisión que pretenda limitarla.
Referencias
Haggerty, R. A. (Ed.). (1993). Venezuela: A country study (4.ª ed.). Federal Research Division, Library of Congress.
Human Rights Watch. (2008, 18 de septiembre). A decade under Chávez: Political intolerance and lost opportunities for advancing human rights in Venezuela.
Human Rights Watch. (2021). Venezuela. En World report 2021
Santacreu, A. M., & Zhu, H. (2018, 18 de enero). How can Venezuela address its hyperinflation? Federal Reserve Bank of St. Louis.
