El problema de la Seguridad Social en Perú, que No hacer en el resto de Latinoamérica
“Pagarle a la gente para que fracase en su propio proyecto de vida y viva por siempre de las limosnas del estado”. Fue con esta Proverbial frase con la que el economista Thomas Sowell respondió cuando le preguntaron acerca del sistema de seguridad social, con la cual también doy inicio al presente artículo.
Desde los primeros años de la universidad me enseñaron e inclusive indujeron a pensar que la solidaridad es una obligación y sobre todo que el Estado tiene la obligación de proveer asistencia social y salud universal a todos sus ciudadanos. En cuanto a mi persona, siempre me apasionó la lectura de diversas disciplinas, lo cual generó que al adentrarme cada vez más en la ciencia económica me diese cuenta de que cualquier planteamiento colectivista, aunque tuviese un sustento social y jurídico, no podría plasmarse en la realidad ni tener éxito a largo plazo sin un sustento económico.
Para empezar, se debe entender que las grandes fallas de los sistemas de salud y del supuesto “bienestar social” en toda Latinoamérica es el resultado de la ineficiente burocracia, es decir, el hecho de que un grupo de personas, administren el dinero ajeno con base a ciertos fines que fueron ordenados por políticos desde un despacho o buró; Y es que numerosos economistas liberales a través de la historia han reafirmado lo que en este breve escrito trato de plasmar: Nadie administra mejor su dinero que uno mismo. Tales programas estatales son dañinos no solo para la economía, sino para el carácter de cada uno de los implicados, esto debido a que afecta tanto a quienes los suministran como también a quien los recibe; a los primeros se les llena de una sensación de omnipotencia, seguido de una falsa generosidad como producto de la creencia de que están siendo solidarios y empáticos con la población. Lamentablemente no se dan cuenta de que esto lo hacen no con su propio dinero, sino con el dinero ajeno de los que pagan impuestos. Asimismo, el efecto en los que reciben tales prestaciones es el de mantener la cabeza baja frente al político, en una muestra de servidumbre y dependencia infantil; a largo plazo su capacidad para decidir, progresar y trascender se ve notablemente atrofiada.
Pero, ¿qué se puede decir específicamente de la seguridad social en Perú? La misma, como en casi toda Latinoamérica, se desarrolló a través de ciertas etapas en diversos periodos de la historia. Pero no fue hasta en épocas recientes donde la seguridad social finalmente se consolidó, siendo la misma el resultado de un largo proceso que comenzó en las primeras décadas del siglo XX, y cuyo desenlace se posiciona hasta en nuestros días. Por otro lado, es importante mencionar el contexto de las primeras acciones en torno a la seguridad social. Sobre esto es útil recordar que en el comienzo únicamente un grupo reducido de trabajadores de unas cuantas actividades económicas tenían acceso a la seguridad social, todo ello en el marco de acuerdos de protección mutua. Sin embargo, esto cambió paulatinamente, expandiéndose la protección a todos los trabajadores, luego a los que fuesen por cuenta ajena y después a los trabajadores independientes. Posteriormente la seguridad social finalmente llegó al amparo de toda la población, a fin de contrarrestar riesgos y contingencias tales como las enfermedades, los accidentes, la maternidad, la vejez y la muerte. Ya en nuestros días, la seguridad social se entiende como el “derecho” que tienen todas las personas a protegerse integralmente contra los riesgos que afectan sus condiciones de vida y en especial las que menoscaban la salud y la capacidad económica, con el fin de lograr el bienestar individual y el de la comunidad.
Ahora bien, en el Perú el sistema de seguridad social tiene su sustento en la Constitución, la cual en sus artículos 10, 11 y 12 establece el derecho universal de toda persona a la Seguridad Social y el libre acceso de los individuos a las prestaciones de salud y pensiones en entidades públicas, privadas o mixtas. Por otro lado, la Seguridad Social en dicho país responde a un modelo mixto, ya que en materia de pensiones cuenta con un régimen contributivo de reparto y un régimen de capitalización individual. En el caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el régimen es de naturaleza contributiva.
Alejandro Rameth Aréstegui Callo, coordinador Senior de Estudiantes por la Libertad Perú y estudiante de derecho en la UCSM
Pero, ¿cuántas personas cuentan con seguridad social en mi país? Los resultados del Censo Nacional de Perú de 2017 revelaron que el 75.5% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, es decir, un total de 22,173,663 personas. No obstante, un 24.5% de la población aún se encuentra “desprotegida”. Y es esta la razón por la cual desde hace algún tiempo muchos políticos han afirmado que para paliar dicha realidad es necesario poner en marcha una serie de políticas enfocadas en un programa de pensiones no contributivas, el cual dé cobertura a los adultos mayores y población vulnerable de la sociedad.
Sin embargo, es con este tipo de ideas donde surge de nuevo la cuestión de si se debe o no emplear más recursos y financiamiento del Estado para brindar una cobertura supuestamente universal; y aunque las estadísticas dicen que prácticamente 3/4 de la población se encuentra inscrita a un seguro de salud, los servicios de hospitalización y atención a los pacientes, tanto para enfermedades comunes como para otras más delicadas como el Covid-19, resultaron ser completamente ineficientes, siendo tales estadísticas demasiado engañosas si se comparan con la realidad. Por otra parte, es necesario enfatizar en que un porcentaje importante de la población permanece inscrita a un seguro de aporte obligatorio denominado ESSALUD, el cual es público, pero se ha vuelto un verdadero flagelo para cualquier usuario que tiene la mala suerte de padecer alguna enfermedad que necesite de atención médica.
¿Y qué sucede con el sistema de pensiones a jubilados? Lamentablemente en lo que concierne a las pensiones la situación no mejora. Al igual que en los servicios de salud, el sistema de pensiones en teoría debiese ser mixto, pues existen aportes al sistema nacional de pensiones, el cual es controlado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta oficina sufrió su más grande cuestionamiento a raíz de la pandemia: ¿Es posible retirar montos individuales de un fondo colectivo? La respuesta de la institución fue un rotundo no; y si esto no fuese suficiente, el proyecto de ley que propusieron en el año 2020 fue elaborado por alguien sin el menor criterio ni conocimiento del funcionamiento del sistema público de pensiones.
Y por último, en lo que respecta al sistema de pensiones “privado”, este dista mucho de ser un modelo a imitar, puesto que no refleja un verdadero sistema de pensiones privado y que se encuentre bajo el marco de un sistema de libre mercado y competencia. Es más, se puede afirmar que tal sistema es de carácter mercantilista, y que solo beneficia a unas cuantas compañías en desmedro y perjuicio del usuario.
Pero es en medio de toda esta crítica en que me hago la pregunta: ¿hay alguna solución rápida y viable a tal problemática? Considero que sí, ya que desde mi opinión si existe una solución que ayude a paliar el problema que padecen los individuos en torno a las pensiones, ocasionado por un mal sistema y un pésimo servicio brindado desde el Estado y algunos cómplices del sector privado. La respuesta a esta problemática pasa por liberalizar la economía y reducir las inconsistentes regulaciones que existen. Aunado a ello, una propuesta legislativa para nada populista, clara y coherente, sería la de liberalizar el mercado, a fin de que exista una mayor oferta en lo que respecta a las administradoras de fondos de pensiones privadas. Esto generaría que los usuarios pudiesen escoger la opción que mejor rentabilidad les genere y no estén confinados a elegir a una sola opción, tal como sucede actualmente. Asimismo, otra propuesta importante es la de dar ciertos beneficios tributarios a las clínicas, de modo que estas puedan ofrecer precios más competitivos a los pacientes. Con ello se reduciría la dependencia a los servicios estatales que poseen muchas personas de escasos recursos, las cuales se ven forzadas a aceptar los paupérrimos servicios médicos de los hospitales públicos.
Por último, es necesario enfatizar en el tema educacional, es decir, en enseñarles a las personas desde muy temprana edad sobre educación financiera. Es menester brindar conocimientos sobre la importancia del ahorro, contemplando a este como una pieza clave para el futuro y que depende única y exclusivamente de las decisiones de cada uno de nosotros, a fin de disponer sobre nuestra propia vida al momento jubilarnos o al requerir un servicio médico, evitando que nuestra libertad sea cortada a través de terceros. De esta manera no serían truncados nuestros sueños y metas por regulaciones colmadas de populismo y resentimiento, que son catalogadas por los políticos de siempre como el libre acceso a la seguridad social, pero que realmente son a costa del dinero del contribuyente y del propio usuario al no poder decidir libremente sobre sus propios recursos. Esto es lo que no nos dicen los políticos, los cuales acuden por necesidad a este círculo vicioso de dependencia y miseria.
Y así como inicié este artículo con una frase, quisiera culminar con las palabras del memorable Milton Friedman al referirse al fallo de la seguridad social: “No se logran buenos resultados con medios malos”. Definitivamente la situación de Perú es un ejemplo de lo que no hay que hacer en Latinoamérica en materia de seguridad social y pensiones, porque así como menciona la frase anterior, no se puede alcanzar bienestar y protección si los medios para conseguirlo por naturaleza son ineficientes.
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