Por: Iván Ronald Boluarte Cusirramos
País: Perú
Uno de los dilemas más grandes de las autoridades es debatir el rol frente al
crimen organizado, ya sea dando una lucha frontal y no negociable, o
generando una convivencia que le permita conservar el status quo. El estado
de excepción impuesto por el entonces presidente ecuatoriano Guillermo Lasso
fue una muestra más de la fragilidad democrática del bloque sudamericano y
del poderío de las mafias, muestra de ello fue el asesinato del ex candidato
Fernando Villavicencio a puertas de las elecciones. El crimen organizado vio
muy sencillo realizar un magnicidio y envió un claro mensaje a la ciudadanía y
a la clase política: nosotros también tenemos poder.
El surgimiento del crimen organizado como un grupo de interés y de poder que
ha salido de su escondite ya no solo para delinquir, sino para intervenir en la
agenda de la política doméstica. Las bandas de crimen organizado tienen
presencia internacional, una logística que les permite controlar armas, personal
e influencias por medio de la corrupción o la extorsión. Dejamos atrás a los
carteles colombianos del siglo pasado para concentrarnos en los carteles
mexicanos y la Mara Salvatrucha, siendo estos últimos reducidos notoriamente
bajo la gestión de Bukele en El Salvador con un modelo cuasi marcial para
hacerle frente a las pandillas. El caso de Ecuador no es diferente al del resto de
paises latinoamericanos, si embargo hay un par de puntos muy importantes
que debemos de tener en cuenta.
Primero, tenemos que concentrarnos en la ubicación estrategia del Ecuador
como país andino que le permite contar con incontables hectáreas productoras
de coca que se suman a la proveniente de Perú y Bolivia que transportados al
norte. Colombia, Ecuador y Venezuela conforman hoy un narco-corredor que
enrumba en sentido contrario de los desplazados humanitarios del régimen
dictatorial de Maduro en Venezuela, los cuales buscan llegar a Perú, Chile y
Argentina. Si bien hasta aquí podemos decir que el crimen organizado y el
narcoterrorismo aprovechan la precariedad del sistema de control y de justicia
de estos paises sudamericanos, el siguiente punto es más preocupante aún.
En segundo lugar, está el manejo político que ha sido sumamente débil y hasta
permisivo con los grupos criminales. No es novedad que encontremos una
relación entre los movimientos de izquierda y los grupos productores de coca,
ambos coinciden en una filosofía agrícola e indigenista la cual no es mala per
sé, pero que, debido a la falta de liderazgo de las autoridades a la hora de
establecer límites, deja a los países a merced de la intervención del crimen
organizado.
El hoy prófugo expresidente ecuatoriano Rafael Correa sigue investigado por
lavado de activos y financiamiento del narcotráfico. En Colombia el actual
presidente Petro fue guerrillero de la M-19 ligado al narcotráfico. En Perú el
expresidente golpista Pedro Castillo quien hoy está preso de manera
preventiva recibió apoyo de grupos cocaleros y mineros informales apoyados
por otro viejo conocido: Evo Morales desde Bolivia. Todos estos gobernantes
gozaron una breve época de oro en la que podían darse el lujo de permitir la
infestación de los grupos izquierdistas en la política y el sistema educativo
nacional, la falta de acción frente al narcotráfico y la generación de narrativa.
Finalmente, el problema con el régimen penitenciario en Ecuador explotó la
semana pasada cuando una turba de pandilleros y reos prófugos tomaron el
canal TC de Guayaquil, bastón del grupo Los Choneros, hicieron de las suyas
en las calles e intentaron ingresar a la Universidad de Guayaquil para
secuestrar a alumnos y profesores. Todas estas acciones buscaron presionar al
gobierno de Daniel Noboa a que detenga la persecución de su líder, un tal alias
“Fito”.
Habiendo sido declarado el estado de excepción en Ecuador, se han
movilizado tropas de los países aledaños para resguardar las fronteras. A la
fecha no se han tenido mayores reportes de incidencias en Ecuador, pero su
caso preocupa a la región porque nos lleva a la pregunta de si es que es
necesario implementar un estricto estado militarizado para poder consolidar la
paz en nuestros países.
Esperando que la situación en Ecuador mejore progresivamente solo nos
queda estar preparados para evaluar el desempeño de nuestras autoridades y
hacer presión ciudadana para que estén alertas a las amenazas internas del crimen organizado, y que tengan firmes valores patriotas para defender primero
al país y priorizar los derechos humanos de los civiles inocentes.
Iván Boluarte, Internacionalista y maestro en Gestión Pública. Analista político defensor de la democracia, la libertad y el estado de derecho.
