Por: Diego Alejandro Velásquez Lozada
País: Bolivia
El liberalismo tiene como una de sus principales características la limitación del poder, teniendo
como uno de sus medios la propiedad privada. En términos históricos y datos empíricos, se ha
demostrado que una manera efectiva de limitar el poder es la propiedad privada (léase En defensa
del capitalismo global por Johan Norberg). Sin embargo, ningún sistema de propiedad privada
sobrevivirá sin instituciones jurídicas que la mantengan en esa línea. El liberalismo enfrenta algunos
desafíos contemporáneos, no solo para un orden jurídico liberal, sino también para una sociedad
libre:
- El establecimiento de un sistema legislativo que no permita generar mayorías o minorías que
ejerzan expoliación o la centralización del poder. - El establecimiento de un sistema legislativo que no permita que se repita la “imposibilidad del
cálculo” económico en la legislación. - Una legislación que se pueda enmarcar dentro de los derechos naturales (libertad, propiedad y
vida) y pueda perdurar en el tiempo. - Una sociedad que esté consciente de sus derechos y libertades y sea capaz de defenderlos.
En cuanto al primer punto, tenemos los intentos más exitosos en el mundo anglosajón, por poner
algunos ejemplos: en los Estados Unidos, tenemos colegios electorales; en Inglaterra, tenemos una
amplia desconcentración del poder político. Sin embargo, desde la década de los 60, juristas como
Bruno Leoni y Friedrich Hayek nos han venido advirtiendo sobre el tráfico de votos y la
movilización de consensos. Hoy en día, esos medios para concentrar el poder no están obsoletos,
sino probablemente refinados a un punto desconocido con el uso de tecnologías contemporáneas
como la inteligencia artificial o la ciencia de datos, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuevas
formas de limitar la formación de esas mayorías o minorías peligrosas que concentren el poder y
ejerzan la expoliación.
En cuanto al segundo punto, tenemos el problema de que el aumento de la centralización del poder
y, por tanto, de la legislación, nos lleva al mismo error en términos legislativos que traía a colación
“la imposibilidad del cálculo económico” aplicado a la legislación. Esto no solo es peligroso por la
“inflación legislativa” de la que hablaba Bruno Leoni en su obra ‘La libertad y la ley’, sino también
por los desincentivos para seguir las leyes, y las consecuencias de que las mismas, al haber sido en
buena medida centralmente planificadas, están desconectadas de los múltiples problemas existentes.
El tercer punto nos lleva a considerar el avance del derecho positivo, que nos lleva a dejar atrás los
derechos naturales en favor de esos derechos legislados centralmente. No es menester aclarar que en
buena medida el avance de las libertades en el mundo se debe al auge de los derechos naturales,
aceptados de manera tácita o explícita como principios fundamentales en diversas constituciones del
mundo. Todo lo anterior nos plantea el dilema de cómo conservar esos derechos como marco
fundamental.
En cuanto al cuarto punto, es quizás el dilema más profundo: cómo lograr que las diversas
democracias y los ciudadanos defiendan la libertad sin sacrificarla por prebendas a corto plazo. Y
en el mundo en general, ¿cómo lograr que diversas culturas y diversos marcos institucionales
occidentales comprendan y deseen la libertad en sus sociedades? El panorama no es desolador. Así
como las tecnologías y fenómenos institucionales avanzan, también avanzan los medios para
difundir y defender la libertad. El deber del liberal del siglo XXI es dilucidar esas cuestiones.
Estudiante de derecho y ciencias políticas, coordinador local de estudiantes por la libertad.
