Para comprender la profundidad del drama eléctrico que atraviesa Venezuela y descifrar la razón por la que hoy una autoridad municipal exige a los habitantes de Caracas «ahorrar energía» para enviarla hipotéticamente a las regiones (Carpio, 2026), es indispensable desarmar la mitología construida durante casi un siglo. Nos acostumbraron a creer que el control absoluto de los servicios públicos por parte del Estado era el único camino hacia el desarrollo. Sin embargo, lo que ocurrió en la realidad fue la consolidación de un modelo de tutela que terminó convirtiendo un servicio esencial en un mecanismo de control político.
Antes de la intervención masiva de la administración pública, el país contaba con una tradición de gestión mixta en la que empresas pioneras, como la Electricidad de Caracas fundada en 1895 (Debates IESA, 2022), ofrecían estándares de eficiencia técnica y sostenibilidad cobrando el costo real del servicio. La creación de CADAFE en 1958 (IEEE Power & Energy Society–Venezuela, s. f.) y la posterior edificación de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en el Caroní —iniciada en la década de 1960 y completada en los años 80— (Anbari et al., s. f.) representaron hitos de la ingeniería nacional, pero al mismo tiempo sembraron una dependencia estructural. Se acostumbró a la sociedad a depender de una sola gran fuente hidroeléctrica en el sur y de la billetera del gobierno central.
El golpe definitivo ocurrió en 2007 con la estatización masiva del sector y la creación de CORPOELEC (Asamblea Nacional de Venezuela, 2010; Morandi & Palacios, 2026). Con este paso se formalizó la tesis del «Estado Proveedor», en la cual la electricidad dejó de concebirse como un bien económico que requiere inversión constante, mantenimiento y cobranza rigurosa, para pasar a ser administrada como una dádiva gubernamental. En este esquema, la ciudadanía fue despojada de su condición de cliente con derecho a exigir calidad y quedó reducida a la figura de un solicitante perpetuo que debe pedir permiso, hacer trámites y agradecer cada hora de suministro que se le concede.
La anatomía de un colapso: los números sin maquillaje
Detrás de la propaganda oficial y de las excusas climáticas, la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional expone la quiebra absoluta del modelo centralizado. Los datos técnicos revelan un panorama devastador. Aunque Venezuela cuenta con una capacidad instalada nominal de entre 34.000 y 37.000 megavatios, en la práctica el sistema solo puede ofrecer entre 12.000 y 16.000 megavatios operativos. La razón principal de este déficit radica en la destrucción del parque térmico regional. Las plantas ubicadas en estados como Zulia, Carabobo, Barinas o Lara, concebidas para funcionar con gas o diésel y respaldar la red local, se encuentran fuera de servicio en más de un 80% (Romero et al., 2026). Esta parálisis obligó a que cerca del 80% del consumo nacional dependa exclusivamente de la generación hidroeléctrica del río Caroní (Romero et al., 2026).
Esta sobreexigencia genera un déficit diario en horas pico de entre 1.600 y 1.800 megavatios. Para dimensionar la magnitud de este faltante, se trata de una cifra equivalente al consumo eléctrico simultáneo de toda la ciudad de Caracas, La Guaira y los Altos Mirandinos (El Pitazo, 2026). A esta insuficiencia se suma la ineficiencia comercial del propio Estado: aproximadamente el 40% de la energía que se genera en el país se pierde en el camino o no se cobra jamás a causa de fugas técnicas, falta de medición y conexiones irregulares que la administración no fiscaliza (El Impulso, 2026).
El verdadero nudo gordiano del problema es de carácter financiero. La reconstrucción integral de la red eléctrica venezolana exige una inversión estimada entre 50.000 y 90.000 millones de dólares (El Impulso, 2026), lo que equivale a entre tres y cinco veces el presupuesto nacional completo. Ante un presupuesto público que no alcanza los 20.000 millones de dólares (Reuters, 2025) y que ya arrastra un desequilibrio estructural, la conclusión es matemáticamente ineludible: las arcas del Estado están quebradas y no existe un solo dólar público para financiar la recuperación del sistema.
La farsa de la solidaridad: cuando la ineficiencia se disfraza de moral
En este contexto de ruina fiscal e ineficiencia técnica es donde debe analizarse la reciente declaración de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien aseguró que el ahorro energético logrado en la capital mediante restricciones laborales e inspecciones sería redirigido para apoyar a los estados del interior del país (Carpio, 2026). Esta afirmación no constituye una medida de planificación técnica, sino un ejercicio de manipulación narrativa diseñado para encubrir la incapacidad del Estado.
En primer lugar, la propuesta es técnicamente inviable. La crisis de suministro que sufren los estados del interior no obedece a un exceso de consumo en la capital, sino a la parálisis de las plantas térmicas locales y a las severas restricciones en las líneas de transmisión troncales, las cuales son incapaces de trasladar mayores bloques de energía desde el sur sin arriesgar un colapso sistémico (Contreras, 2026).
En segundo lugar, este discurso cumple la función de desplazar la responsabilidad del fallo estatal hacia la conducta de los ciudadanos. Mediante una falsa apelación a la solidaridad, la narrativa oficial convierte la falta de inversión y el deterioro de los equipos en un supuesto problema de moralidad individual. Si una familia en el interior pasa doce horas a oscuras, la culpa ya no recae sobre el funcionario que administró de manera opaca los recursos públicos, sino sobre el caraqueño que encendió un electrodoméstico. Se utiliza el chantaje social para justificar lo que en la práctica es la administración forzada de la escasez.
La respuesta honesta: empatía real, verdad fiscal y libertad
Hacer frente a esta realidad exige partir de una empatía auténtica con el dolor de los venezolanos. Resulta imposible ignorar la angustia diaria que padece la familia venezolana al perder sus alimentos por falta de refrigeración, el tormento de cuidar a personas mayores o enfermas en medio de calores sofocantes, la pérdida constante de electrodomésticos por fluctuaciones sin control, o la quiebra de pequeños emprendimientos familiares que no pueden sostener los costos de la autogeneración con combustible. La tragedia eléctrica es una herida abierta en la calidad de vida de toda la nación.
Sin embargo, la verdadera empatía hacia una sociedad devastada no consiste en ofrecerle consuelos retóricos ni en sostener la mentira piadosa de los subsidios estatales. Prometer que el Estado asumirá el costo de la energía o que mantendrá tarifas regaladas en medio de una quiebra absoluta es una crueldad, pues el Estado sencillamente carece de los recursos para cumplirlo. Continuar alimentando la ilusión de la gratuidad es condenar a los venezolanos a seguir viviendo a oscuras.
La única solución real y éticamente sostenible requiere transformar de raíz el modelo energético y sustituir la tutela política por reglas de mercado transparentes. Dado que el sector público se encuentra sin liquidez, la totalidad del capital necesario para reconstruir las instalaciones debe provenir de la inversión privada nacional e internacional. Esto se logra eliminando el monopolio estatal y permitiendo la libre competencia en el eslabón de generación (Morandi & Palacios, 2026; Sabatini & Patterson, 2021), de modo que diversos actores inviertan y compitan entre sí sin que el Estado tenga que endeudarse o emitir dinero sin respaldo.
Para proteger al usuario, las tarifas no pueden establecerse por decreto ni de forma arbitraria. El ajuste tarifario debe quedar estrictamente vinculado a contratos de concesión donde las tarifas solo se incrementen si las empresas cumplen metas auditables de reducción de interrupciones. Si el servicio no mejora y los apagones persisten, la tarifa no aumenta. El ciudadano deja de pagar por la ineficiencia y pasa a abonar únicamente por un servicio de calidad comprobada.
Al mismo tiempo, la instalación masiva de sistemas de medición financiados por las propias distribuidoras privadas permitirá incorporar al cobro formal a ese 40% del mercado que hoy evade o se beneficia de la falta de fiscalización. Al multiplicar la cantidad de usuarios que pagan por la electricidad que consumen —incluyendo al sector comercial e industrial de alta demanda—, el costo general del sistema se distribuye de manera más eficiente, evitando cargas desproporcionadas sobre los hogares de menores ingresos. La sinceración tarifaria se inicia precisamente en las empresas y comercios que necesitan energía estable para trabajar y disponen de flujo de caja, permitiendo que la población residencial adapte su capacidad de pago a medida que la economía se reactive.
Reconocer la quiebra del Estado no es una muestra de insensibilidad, sino el punto de partida indispensable para recuperar la autonomía. La verdadera empatía con el pueblo venezolano no consiste en entregarle una factura de luz en cero a cambio de catorce horas diarias de penumbra, sino en hablarle con la verdad, arrebatarle el control del sistema a los políticos de turno y abrir paso al capital y a las reglas claras que encenderán de nuevo a Venezuela.
Referencias
Anbari, F. T., Dwiharto, S., Givpoor, K., Nandyala, C., & Perez G., E. C. (s. f.). The Guri Dam. Project Management Institute.
Asamblea Nacional de Venezuela. (2010, 23 de agosto). Ley de Reforma Parcial del Decreto N.º 5.330, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico.
Carpio, M. (2026, 7 de agosto). En claves: Los detalles sobre el esquema especial para ahorro energético en Caracas. El Cooperante.
Contreras, N. (2026, 8 de mayo). Expertos atribuyen fallas de la red eléctrica a la distribución y no a la demanda: Venezuela tiene un déficit de más de 2.500 MW. Bitácora Económica.
Debates IESA. (2022, 7 de noviembre). La Electricidad de Caracas: Un modelo exitoso que hizo historia por su calidad de servicio.
El Impulso. (2026, 20 de mayo). Experto advierte que 40 % de la energía generada por Corpoelec no llega a los usuarios.
El Pitazo. (2026, 6 de mayo). Corpoelec quita a toda Venezuela la misma cantidad de electricidad que consume la Gran Caracas.
IEEE Power & Energy Society–Venezuela. (s. f.). Sector eléctrico venezolano.
Morandi, F., & Palacios, L. (2026, 12 de febrero). Reinventing Venezuela’s struggling electricity sector. Americas Quarterly.
Reuters. (2025, 4 de diciembre). Venezuela asks lawmakers to approve 2026 budget of $19.9 billion.
Romero, T., Nava, M., & Parraga, M. (2026, 13 de agosto). Beaten Venezuelans brace for more severe power, water cuts as El Niño looms. Reuters.
Sabatini, C., & Patterson, W. (2021, 17 de diciembre). Reforming Venezuela’s electricity sector: Options and priorities for rebuilding a collapsed system. Chatham House.
