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Ideal Libertad

JUAN GUAIDÓ: UN PEÓN SACRIFICADO

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Por Juan José Mollegas


Cúcuta (15.11.2022) La actual oposición venezolana se prepara para unas elecciones primarias en 2023, (fecha por definir), que buscarán escoger el nuevo candidato que se enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Pero a qué se debe esto, acaso el gobierno interino de Juan Guaidó, no duraría hasta lograr el “cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”. Pues este mantra que muchos venezolanos repetimos hasta el cansancio, nunca se concretó.

Porque la figura del interinato se mantuvo firme gracias a cuatro pilares fundamentales, llamados: Constitución, unidad de la oposición, apoyo popular del pueblo venezolano y acompañamiento geopolítico internacional de más de 50 países, impulsado principalmente por el gobierno de los Estados Unidos. 

Sin embargo, estos cuatro pilares comenzaron a desmoronarse hace casi tres años. Y en este artículo resumiré el origen del gobierno interino y las principales causas que lo llevaron al olvido e indirecto desconocimiento de la comunidad internacional.

Contexto histórico
En 2018 Nicolás Maduro, fue designado presidente de Venezuela ilegalmente, luego de unas elecciones convocadas y adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por el Departamento de Estado de EE.UU. en 2017. Donde no participó la tarjeta electoral de la oposición, llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que siempre ha estado al servicio del oficialismo, según los profesores de la cátedra de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela, entre los que destacan Gustavo Tarre Briceño, Tulio Álvarez y José Vicente Haro.

Por supuesto, este fraude electoral y sus resultados fueron desconocidos principalmente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Lima, alegando la ruptura del orden democrático en Venezuela.

Sin embargo, países como: Rusia, China, Turquía, Corea del Norte, Irán, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua, expresaron su apoyo a los comicios.

Origen del Gobierno Interino
Por su parte la figura de Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, fue producto de una batalla política nacional e internacional, que comenzó con la Asamblea Nacional electa en 2016, con mayoría de diputados opositores y quienes desde el parlamento luchaban apoyados por del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos, para denunciar ante el mundo la criminalidad madurista.

Esta lucha política logró cosechar parte de sus frutos el 23 de enero de 2019, cuando Juan Guaidó, en su posición como presidente de la Asamblea Nacional,  se juramentó como presidente encargado de Venezuela, invocando una interpretación constitucional denominada: “Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, aprobado por la mayoría de diputados del parlamento, en un cabildo abierto de ciudadanos realizado en una calle de Caracas, que contó con el apoyo de partidos políticos opositores a Maduro, movimientos estudiantiles universitarios y sindicales.

Casi automáticamente las principales democracias de América y Europa, encabezadas por Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Reino Unido y Francia, se pronunciaron en respaldo al nuevo presidente encargado y su gobierno interino, semanas después contaría con el aval de países asiáticos como: Japón, Corea del Sur e Israel, Australia en Oceanía y Marruecos en África, llegando a ser reconocido internacionalmente por 59 países en total.

Sustento Jurídico Venezolano
Los artículos de la Carta Magna venezolana a los que se aferró la Asamblea Nacional, para la creación del Estatuto de Transición que permitiría la legalidad del Gobierno Interino, fueron:

Artículo 233, expresa que la falta absoluta del presidente por abandono y la revocación de su mandato debe ser declarada por la Asamblea Nacional. Producto de esto se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los treinta días consecutivos siguientes en los que se encargará de la Presidencia de la República el presidente Asamblea Nacional, que en ese momento era el diputado Juan Guaidó.

Artículo 333, que blinda la Constitución en el caso de ser violada por cualquier otro medio distinto a ella. Facultando a todo ciudadano investido o no de autoridad, con el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Un acto del que la oposición acusa a Maduro por cometer con reiteradas oportunidades violación a la Constitución en su gobierno dictatorial.

Artículo 350, que empodera a los venezolanos a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Acciones a las que Nicolás Maduro, ha incurrido para mantenerse en el poder desde el año 2013.

Para algunos estudiosos del derecho constitucional venezolano, como el doctor en derecho José Ignacio Hernández, la base legal que sustenta el gobierno interino, nunca fue aplicable, ya que existe un vacío jurídico en lo que respecta a ¿Qué hacer cuando no hay un presidente electo? Y Cómo aplicar la falta absoluta por abandono para revocar su mandato. Argumento jurídico que en teoría se utilizó contra Maduro, en 2019, cuando fue juramentado ilegalmente como presidente luego de la farsa electoral desconocida por la comunidad Internacional.

Evolución del Interinato
A pesar de este vacío jurídico, el apoyo de gran parte de los venezolanos, la unidad en la oposición, el tremendo reconocimiento internacional y mediático, le permitieron a Guaidó liderar una presión internacional, económica y política, nunca antes vista.

Con ayuda principalmente de la administración Trump en Washington y la Unión Europea, Guaidó logró sanciones económicas en contra del madurismo, congelamiento de cuentas bancarias, incautación de propiedades a nombre de funcionarios del oficialismo adquiridas producto de la corrupción, además de acordar con varios países la no realización de intercambios comerciales con el dictador. 

El presidente encargado obtuvo el control de las filiales de la petrolera venezolana PDVSA, que operan en EEUU y Colombia, CITGO y Monómeros, respectivamente, además de dominar las cuentas financieras de Venezuela en el exterior y representar el litigio en la disputa sobre las reservas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra, a nombre del Banco Central de Venezuela.

Logrando que el régimen, quedara inhabilitado de utilizar el dinero y las reservas del país, valoradas en cientos de miles de millones de dólares. Aunque para mala noticia de los venezolanos, estos recursos difícilmente serán recuperados por un futuro gobierno democrático, según la presidenta de la agrupación Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), María Alejandra Márquez.

Aun así, durante más de un año, el gobierno interino contó con el apoyo popular de los venezolanos, el respaldo de la unidad parlamentaria y partidista opositora, pero sobre todo un fuerte acompañamiento mediático y político internacional, que le permitió ejecutar de forma muy austera, proyectos como:

La ley de amnistía para los funcionarios policiales, militares y autoridades que ayudaran a restablecer el orden constitucional, el “Plan País”, para la atención de los más afectados por la pobreza, el nombramiento de personal diplomático en varios países y giras internacionales por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, aunque estos esfuerzos debilitaron al régimen madurista, no lograron cesar la usurpación, ni formar un gobierno de transición y mucho menos celebrar unas elecciones libres. Los funcionarios de las fuerzas armadas no contribuyeron al derrocamiento del dictador a cambio de amnistía y la comunidad internacional impulsada por la administración Trump, no pudo intervenir militarmente para restablecer el orden constitucional.

Inicio del declive
La pandemia por el Covid-19 a inicios de 2020, fue determinante para comenzar a fracturar el liderazgo de Juan Guaidó y su apoyo internacional. Debido a esto los países y organizaciones que meses atrás respaldaron su investidura, lógicamente colocaron su foco en atender la crisis sanitaria y se desvincularon sutilmente de la lucha política en Venezuela, a excepción de EEUU.

Por su parte el régimen de Maduro, apoderado de los medios de comunicación venezolanos, las fuerzas armadas y un apoyo internacional intacto de China, Rusia e Irán, pudo cerrar fronteras, restringir vuelos internacionales, recibir buques de combustible y equipos médicos para enfrentar el coronavirus, logrando ganar un poco de liderazgo en la toma de decisiones, frente a un Guaidó, que se desvanecía en el olvido mediático mientras evidenciaba su reducida capacidad de acción.

Escándalos de corrupción y elecciones de EEUU
A esta situación se le suman varios escándalos de corrupción, entre los que destacan: “El Cúcutazo”, donde dos delegados del gobierno interino, Rossana Barrera y Kevin Rojas, fueron acusados de lucrarse con fondos destinados para la manutención de militares venezolanos, que desertaron en medio de la crisis presidencial de 2019, y se refugiaron en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia.

Y el caso “Monómeros”, que terminó de hundir a la oposición venezolana, debido a la malversación de cientos de miles de dólares, por parte de sus directivos, quienes fueron escogidos por los principales representantes de los cuatro partidos políticos que conforman el gobierno interno y la Mesa de la Unidad Democrática.

Por otra parte, el periodo constitucional de la Asamblea Nacional instalada en 2016, expiraría el 5 de enero de 2021. ​Y como cereza para adornar el pastel, la administración Trump en EEUU, quién fue su aliado más fuerte e importante, perdería las elecciones presidenciales en noviembre de 2020 contra Joe Biden. 

Pero a través de una consulta popular realizada a los venezolanos y una reforma realizada al estatuto en el que se sustenta legalmente la existencia del gobierno interino, la Asamblea Nacional electa en 2016, logró darle continuidad a su mandato por un año más, argumentando la inexistencia de elecciones legales. Para ese punto, conseguir el apoyo del presidente Joe Biden, era fundamental para Guaidó, y lo obtuvo, aunque no con la misma frontalidad y firmeza que lo hizo Trump.

Con el mismo argumento constitucional, en enero de 2022, la Asamblea Nacional, volvió a extender su mandato por un año más, ratificando a Juan Guaidó, como su presidente, para seguir actuando como presidente encargado de la República, quedando ratificado nuevamente por la administración Biden, con el objetivo de contener el gobierno de facto de Nicolás Maduro, defender la democracia y seguir protegiendo los activos de Venezuela alrededor del mundo.

Comunidad Internacional y su peón sacrificado en la geopolítica
Mientras el liderazgo de Juan Guaidó, pasa por su peor momento, con una confianza de 2% por parte de los venezolanos, frente a un Nicolás Maduro con 17%, según el último estudio realizado por la encuestadora Danticorp. Y una oposición dividida con al menos 10 posibles candidatos para las próximas elecciones primarias de 2023, que claramente buscan su salida del juego político. 

Ahora la administración Biden, hace un estratégico acercamiento al principal aliado de Vladimir Putin en el Caribe, Nicolás Maduro, producto de la crisis energética provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania. 

Algo que nos permite hacer una gran reflexión sobre el pragmatismo político internacional: en asuntos de economía y petróleo, la Casa Blanca no tiene socios ni enemigos, solo tiene relaciones comerciales y de negocios. 

Incluso el pasado mes de octubre el presidente Biden, accedió a una negociación con la dictadura castrochavista, para intercambiar dos narcotraficantes venezolanos presos en EEUU, por siete ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, cinco de ellos ex gerentes de la petrolera Citgo. 

Washington aprobó la liberación y el indulto de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, alias los “Narco Sobrinos”, familiares de la primera dama Cilia Flores y de Nicolás Maduro, quienes fueron condenados a 18 años de cárcel, luego de ser arrestados por la DEA, en Haití, después de que intentasen transportar 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, en 2015.

Igualmente, el pasado 5 octubre fuentes cercanas a la Casa Blanca, aseguraron al The Wall Street Journal, que estarían dispuestos a levantar progresivamente las sanciones económicas al régimen de Maduro, a cambio de retomar las negociaciones con la oposición, con el eventual objetivo de celebrar elecciones presidenciales en 2024. Algo que legitima la presidencia de Nicolás Maduro indirectamente y que la oposición venezolana sólo puede limitarse a aceptar.

La urgencia que implica contener esta crisis energética mundial, convierte al gobierno interino de Juan Guaidó, en la pieza rota y olvidada por la comunidad internacional, pues su figura representa un estorbo para su juego de ajedrez geopolítico en las futuras negociaciones con el narco-dictador.

Fuentes:


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