Jubilación forzada

Por: Yajaira Cazorla

País: Bolivia

El viernes 5 de abril como resultado de un Café e Ideas en Cochabamba, se
compartieron diversas ideas acerca de la jubilación forzosa en Bolivia a partir de las
modificaciones del proyecto de ley 035, muchas de las cuales se defendían en diferentes áreas
y se condenaban en otras por parte de nuestros invitados. En este escrito intentaré recopilar las
propuestas e inconformidades que surgieron durante el desarrollo de la reunión.
Como apertura congeniamos que el proyecto de reforma de pensiones en Bolivia ha
sido un tema de debate político y social, resultando en movimientos y paros por parte
de diferentes sectores de la economía en descontento con esta modificación a la Ley
de Pensiones que busca implementar la jubilación forzosa tachándola de ser un
atentado a la dignidad del trabajador. Así mismo, la otra cara de la moneda que ve con
buenos ojos y apoyo por parte de jóvenes bolivianos que ven en esta propuesta nuevas
oportunidades, nuevos espacios en el campo laboral y una renovación de nuestros
trabajadores en los diferentes sectores y disposición de recursos del sistema.
Empecemos a desglosar, ¿es realmente una jubilación forzada?, la reforma propuesta
establece que aquellos que deseen seguir trabajando después de los 65 años de edad
deben aprobar un examen físico y mental por parte del Instituto Nacional de Salud
Ocupacional. Sin embargo, el proceso para estos exámenes podría ser interminable, lo
que efectivamente se traduce en una jubilación forzosa de facto. En este aspecto se
pone en mesa, otra vez, la credibilidad en las instituciones del Estado que están a
cargo de estas evaluaciones, teniendo intereses de por medio en los resultados de las
evaluaciones siendo juez y parte. En una posición unánime se apoya este tipo de
evaluaciones a las capacidades de los trabajadores que deseen seguir ejerciendo en
buenas condiciones sus labores, reducir riesgos y proteger la salud de los mismos
empleados, pero con terceros evaluadores que no estén vinculados al sistema
evaluador del instituto ni sean empleados de los establecimientos públicos, sino más
bien con pares externos independientes.
Al liberar cupos de trabajo para los jóvenes se genera un dinamismo en la economía de
demanda interna, al permitir que las personas trabajen indefinidamente, podría haber
una mayor presión sobre el sistema de salud debido a enfermedades relacionadas con
la edad esta dinámica podría aliviar dicha carga y permitir una mejor planificación de
los servicios médicos, sin embargo los límites impuestos a la edad de jubilación podrían
también resultar en bajos porcentajes de las pensiones que recibirán al no poder
alcanzar más porcentajes con sus números de aportes, algunos podrían recurrir al
sector informal para subsanar estos montos bajos que pueden tener consecuencias
negativas para la calidad de vida. La falta de ingresos y la pérdida de una rutina diaria
pueden afectar la salud mental y emocional de las personas, no todos están

preparados para abandonar su empleo, algunos pueden depender de sus ingresos
laborales para cubrir gastos médicos, educación, deudas pendientes o tener personas
dependientes a su cargo como ser nietos, personas con discapacidad o adultos
mayores.
Cada persona tiene circunstancias únicas e individuales. Al imponer una edad de
jubilación, se ignora la diversidad de situaciones personales y profesionales. Algunos
pueden querer seguir trabajando por elección o necesidad.
En consideración a los derechos y libertades individuales se argumenta que la
jubilación forzosa atenta los derechos individuales y la libertad de elección. Obligar a
las personas a retirarse a una edad específica puede ser percibido como una
intromisión en su autonomía y capacidad para decidir cuándo dejar de trabajar.
El límite a la edad de jubilación fomenta la renovación de la fuerza laboral, promueve la
adopción de nuevas ideas y enfoques en las empresas y establecimientos tan
importantes como de salud y de educación, y a su vez una pérdida de valiosa
experiencia y conocimiento acumulado por los trabajadores de mayor edad. Al ser una
medida impuesta a las dinámicas naturales del mercado podría ocasionar
discriminación por edad en el lugar de trabajo, al establecer límites arbitrarios, se corre
el riesgo de marginar a los trabajadores mayores y perpetuar estereotipos negativos
sobre su capacidad y productividad.
Una vez más estamos ante modificaciones aplicadas a los bolivianos de forma
discriminatoria y que fomenta a sectores privilegiados que no son afectados por esta
ley y son ministros, viceministros, presidentes, diputados, gobernadores o senadores,
son personas que no van a pasar por todo esto. Evidentemente es un trato desigual
frente a los demás trabajadores que se les impone con burocracia el límite de edad
para trabajar quitando la posibilidad de elegir.
Existen incentivos como la propuesta de ley estipula el aumento de mil bolivianos para
quienes califiquen al fondo solidario una contribución solidaria debería tener un carácter
voluntario por ser una donación, sin embargo es sistemáticamente impuesto por el
Estado en el cual deben pagar participantes del sector formal, empleados y
empleadores. El aumento de mil bolivianos ciertamente no resuelve nada, al contrario,
genera desincentivos en el mercado a mediano plazo, en aquellas profesiones que
dedican más años de estudios para alcanzar una especialidad y un doctorado, es
posible que se desincentive a los futuros profesionales a elegir carreras que demanden
12 años de estudios para recibir recompensas tardíamente en comparación a otras, y
además de otros 10 años para alcanzar una especialidad, un ejemplo muy notable es el
sector de salud, especialidades como oncólogos que actualmente no tienen un
reemplazo, en suma, estas profesiones empiezan a ejercer a los 30 o 35 años y

necesitan otros 35 años más para obtener cerca del 60% de su salario promedio de los
dos últimos años, este porcentaje lo alcanzarían recién lo a los 65 o 70 años, ¿es un
techo de cristal impuesto sobre el porcentaje de las pensiones? .
Un dato crucial y que desviste la malicia de estos números es el cálculo de las rentas,
en Bolivia se hace el cálculo de capitalización tomando en cuenta la edad de 110,
siendo más de 30 años superior a la esperanza de vida promedio, ¿esto qué quiere
decir? Que los aportes para la pensión, en suma, deben repartirse desde el año de
jubilación hasta la edad de 110 años, en este caso, de los 65 a 110 nos da un número
de 45 años, este será la cantidad en la que se divide el monto de las pensiones. ¿Por
qué? Porque en esa cantidad de años el aumento de “aportes voluntarios” no
significarán nada por la inflación, y el Estado no llegaría a pagar intereses, además, el
cobro del monto restante de las pensiones sí es que no se vivió hasta los 110 años
también es un costo en burocracia y de disposición del Estado a lo largo de los 45
años, mientras quienes sostienen el sistema de pensiones serán los nuevos y jóvenes
empleados con bajos salarios que dinamizan la demanda interna que tanto promulga el
modelo.
Un punto a recordar es que los asalariados en Bolivia no se jubilan con un 100 por
ciento de su salario en pensiones, sino que depende de los años que tribute al sistema
y os últimos montos de ingreso en los últimos años de trabajo ¿quién no apuntaría a
aproximarse al 100% a costa de los años de trabajo por encima de los 65 años?, esto
claramente no es problema para sectores como los ya mencionados en puestos
públicos del gobierno y el sector de la milicia en Bolivia que perciben el cien por ciento
de su salario en pensiones, el modelo de distribución del gobierno afirma una vez más
que sus acciones igualitarias se nos impone de manera desigual.
En resumen la autonomía individual y la libertad de elección son pilares fundamentales
que se están cediendo con estas modificaciones, la jubilación debería ser una decisión
voluntaria del trabajador, sin imposiciones externas ni cambios arbitrarios que no
buscan solucionar problemas estructurales del sistema de pensiones como sus
intereses deficitarios en la bolsa nacional o el gasto del sector público en salarios del
gobierno que supera con creces solamente el mercado formal privado, olvidándose de
que la seguridad de una jubilación digna que corresponde a más de un 65%, con
intereses competentes al del sistema bancario y la inflación, en un mercado formal es
inviable y es atentado por la injusta burocracia de las decisiones del gobierno que
resultan en la condena y réplica de sectores informales que se les niega propiedad
privada y la flexibilidad laboral con las reglas del sistema, trabajadores informales que
no pueden participar en un sistema de pensiones por los altos costos que impone el
Estado en sus requerimientos que en esta oportunidad no es solo para entrar sino
también para elegir arbitrariamente cuando salir.

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