Actualmente, Argentina necesita una gran y total reforma laboral. La ley madre actual es la Nº 20.744, “Ley de Contrato de Trabajo” (1974), y han pasado 50 años desde su sanción. Si bien tuvo algunas modificaciones en algunas de sus partes, aún siguen siendo insuficientes y con artículos desactualizados.
Hubo reformas de flexibilización laboral en la década de los 90, pero estas fueron revertidas aproximadamente en los 2000. No es de esperar, que siempre que un gobierno que trate de plantear nuevas medidas menos rígidas en lo laboral, sea atacado por la ideología socialista, y retroceder. Inclusive, las leyes que amparan a los sindicalistas no han sido modificadas en años, y desde su sanción han pasado al menos unos 35 años. Sin mencionar, que estos últimos se dicen defender la democracia, y se perpetúan en el poder como “líderes” sindicalistas, como una verdadera casta.
La Ley de Contrato de Trabajo fue diseñada para una época muy diferente a la que estamos viviendo hoy en día: un mercado laboral sin tecnología y un país poco integrado al mundo. La ley de 1974 fue estructurada para una persona que ingresaba a trabajar en un lugar y prácticamente iba a pasar toda su vida trabajando allí hasta jubilarse. Hoy en día, no es así. Las nuevas generaciones quieren explorar diferentes áreas y modalidades contractuales; no piensan en trabajar y jubilarse en una única empresa. Es necesario adecuar la normativa a esta modernidad. El mundo cambió.
Argentina llegó a tener un presidente que, por decreto, prohibió los despidos y planteó una doble indemnización para quienes se atrevieran a hacerlo, una decisión que podía costar el cierre de una pyme. Una locura total. Afortunadamente, meses después se dejó sin efecto ese decreto.
Estas leyes atentan contra el mercado laboral y la producción, dos factores clave para que el país y sus habitantes progresen. El trabajo siempre será fuente de dignidad. Argentina está estancada desde 2011; la economía no crece.
El costo de mantener un empleado en registración (en blanco) en el país es muy elevado. Muchos empresarios dicen que es prácticamente como adoptar un hijo. Esto sucede porque las mismas leyes que los afectan van en sentido contrario al fomento del empleo. Este factor incluso resta competitividad a muchas de las pequeñas y medianas empresas. Los costos laborales están determinados por diferentes factores que varían considerablemente según la legislación y la naturaleza de la actividad. Es un dato importante que las empresas tienen en cuenta para controlar la evolución de la actividad.
Para dimensionar lo importante que es, se encuentran los costos directos, aquellos que son proporcionales al empleado, como: vacaciones, sueldo básico, adicionales, sueldo anual complementario, contribuciones, seguro de vida, administrativos, etc. Y, por otra parte, los costos indirectos relacionados a desvinculaciones, litigios, etc. Sin olvidar mencionar que existen determinados convenios colectivos de trabajo que implican costos especiales para despedir a un empleado.
Los aportes, sumas que se le retienen al empleado, representan un 17%. A esto se debe sumar que un empleador debe abonar las contribuciones patronales (los famosos impuestos al trabajo) por cada trabajador, que rondan entre un 20,40% y 18%, dependiendo de la clasificación de la empresa. Además, se agregan un 6% en Obra Social, ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) y el Seguro de Vida Obligatorio, junto con los aportes y contribuciones al sindicato. El costo de contratar a una persona en el sector privado en relación de dependencia puede llegar a ser aproximadamente del 80,5% en ciertos casos.
También existen aquellos costos relacionados con capacitaciones, indumentaria, servicio de comedor, pago del aguinaldo y demás gastos administrativos. Dependiendo de la actividad y el mercado, hay ciertos costos que requieren más atención.
Todas estas formalidades rígidas y costos tienen consecuencias en la creación de empleo formal. En síntesis, como resultado, Argentina tiene un sector privado muy poco competitivo.
Los juicios laborales son largos, costosos y, en ocasiones, innecesarios. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en su informe trimestral de 2024 sobre litigiosidad, reportó que en el segundo trimestre se registraron 34.107 juicios ante la justicia laboral. De estos, 33.567 fueron presentados por trabajadores en relación de dependencia y 540 por trabajadores de casas particulares. Se dictaron un total de 60.242 sentencias en el primer semestre del año, y el stock de expedientes judiciales al 30 de junio ascendió a 298.792. El número de juicios acumulados de años anteriores refleja lo lenta que es la justicia laboral. Muy pocas demandas llegan a una sentencia definitiva.
Para ser realistas, los juicios son una incertidumbre tanto para el trabajador como para el empleador. Los únicos realmente beneficiados por este sistema son los abogados laboralistas. Según la Fundación Observatorio Pyme (2021), una pequeña y mediana empresa (pyme) en Argentina recibe una demanda por cada 10 trabajadores.
Argentina necesita urgentemente una reforma laboral integral y que también las provincias se unan a este proceso, ya que existen trámites administrativos provinciales que solo entorpecen el funcionamiento y cuyo fin parece ser recaudar dinero a través de sellos, rúbricas, autorizaciones, en fin, más burocracia.
Muchos gobiernos nacionales y provinciales con ideología socialista han buscado generar empleo otorgando subsidios a las empresas, cubriendo el 50% del salario del trabajador, combinando planes sociales, etc. Ninguna de estas medidas tuvo éxito. De esto no se sale con subsidios o redistribución, sino con crecimiento. El gasto público ha ido aumentando, llevando consigo un abuso en la entrega de planes sociales sin contraprestación a los argentinos.
Estos planes sociales no pueden ser permanentes sin que el beneficiario aporte algo al mercado, ya sea bienes o servicios; y esto aún sigue vigente en el país. Estas ayudas sociales lo único que incentivan es la informalidad, ya que uno de los requisitos es no tener un empleo formal. No producen incentivos laborales. La realidad es que la intención de estas ayudas sociales es evitar que la gente caiga en la indigencia, pero siguen siendo pobres.
La informalidad amenaza contra la capacitación laboral, es decir, contra la calidad del capital humano. Aquellos que se encuentran en la informalidad carecen de habilidades, educación y enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral de manera formal. Muchas consultoras en el país han observado que las empresas tienen dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a esta crisis de habilidades para el empleo.
Entonces, la falta de una reforma laboral también afecta la calidad de empleos formales, habilidades de los empleados y productividad.
Lo ideal sería que exista un derecho laboral flexible, donde despedir a un empleado no implique una gran salida de dinero, y donde el empleado despedido pueda conseguir un empleo fácilmente en cualquier organización sin temor a no ser contratado. Una frase que hizo grande a los Estados Unidos es: “Ud. está despedido”. Los importes que abona el empleador por tener un trabajador deberían ser revisados, y ciertos conceptos deberían acordarse de mutuo acuerdo con el empleado, si lo desea abonar o no.
La relación laboral debería basarse en total libertad para negociar el puesto, vacaciones, formas de pago, fechas, extinción del trabajo, etc. El Estado debería abstenerse de generar planes sociales o políticas que impliquen subsidios. Los sindicalistas deben dejar de asfixiar a los trabajadores con sus aportes obligatorios. ¿Dónde está la libertad de una contribución voluntaria? ¿Por qué los sindicalistas deben meterse en el bolsillo de un trabajador? Cada relación laboral es única, no hay otra igual, por lo que es casi imposible que un sindicato sepa con certeza las verdaderas necesidades de cada trabajador de manera particular.
Espero que algún día una reforma laboral brille en Argentina, pero no será un camino fácil, ya que hay muchos intereses en juego. Muchos actores se han beneficiado a costa de estas leyes, que no son más que un “kiosco” para algunos. En números y estadísticas, está demostrado que no han beneficiado en nada a los trabajadores: la pobreza ha aumentado y la productividad cae año tras año.
El daño que causan estas políticas, disfrazadas de querer ayudar a los trabajadores, es significativo. Ilusionan a los trabajadores con un montón de beneficios que terminan convirtiéndose en lastres para las empresas. En vez de destinar ese dinero a mejorar el salario del empleado, se termina perdiendo en trámites burocráticos, sindicatos y organismos del Estado, tanto nacionales como provinciales.
Referencias bibliográficas:
Fundación Observatorio PyME. Informe Coyuntural: Cierre de año y perspectivas 2022. FOP, 2021. Argentina. Disponible en https://www.observatoriopyme.org.ar/_files/ugd/9f9269_d3a9817476bb4d3e9e9756e49c245d72 .pdf.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Boletín de Litigiosidad, 2do Trimestre 2024.Disponible en https://www.srt.gob.ar/estadisticas/litigiosidad/Boletin%20Litigiosidad%202do%20Trimestre%202024.pdf
Manpower Group. Escasez Global de Talento 2023: Informe Argentina. Manpower Group, 2023. Disponible en https://bit.ly/3ptWmnw.
