El pasado 13 de noviembre, el gobierno de Bolivia anunció la libre comercialización de
carburantes en el país. Por lo tanto, las empresas privadas podrán importar gasolina y
diésel a su precio internacional.
Siendo así, conviene recordar que, desde el 2004, aproximadamente, el gobierno boliviano
empezó a subvencionar el precio de los hidrocarburos, lo que significaba que los bolivianos
pagábamos mucho menos del precio real de la gasolina o el diésel. Y como consecuencia
de ello, en los últimos 10 años, el Estado gastó aproximadamente 6.796 millones de dólares
en estas subvenciones, presentando a la par un cuantioso déficit presupuestario. Escenario
al que se le suma la falta de divisas que inició en el año 2022.
En ese contexto, resulta pertinente la siguiente pregunta, ¿Qué sucede si sumamos
grandes subvenciones, un déficit fiscal colosal y la imposibilidad de comprar gasolina o
diésel en el mercado internacional porque no hay dólares con los que pagar? Pues el efecto
es una profunda crisis por escasez de combustibles.
Desde hace varios meses, antes de dicha medida desregulatoria, se podían observar
largas filas en las estaciones de servicio para cargar gasolina y diésel, pero el
desabastecimiento ha afectado también al sector agroindustrial, lo que ocasiona un grave
peligro para el abastecimiento de alimentos para todos los bolivianos.
Es a todas luces evidente que el Estado, ese gran planificador que cree saberlo todo, ha
fracasado, y para sorpresa de nadie. Porque ante la falta de combustible, cuya
responsabilidad de surtir recaía sobre sus hombros, se emitió el Decreto Supremo 5271, a
través del cual se autorizó la libre comercialización de carburantes para que el sector
privado pueda importarlos y comercializar con ellos. Es un hecho patente que nos muestra
con claridad el fallo inevitable del Estado.
Además, hay un elemento curioso en todo esto. El ministro de Hidrocarburos ha afirmado
que esta medida se tomó porque “los privados lo pidieron”, de lo cual se puede inferir que el
gobierno no quiere asumir la responsabilidad por la situación actual. Esta norma estará
vigente durante un año, y es probable que algunos se pregunten por qué se ha establecido
ese plazo. Tal vez un burócrata consideró que sería tiempo suficiente para evaluar si las
cosas resultan bien o mal. Y por supuesto, si las cosas van mal, como los privados lo
solicitaron, la culpa recaerá en esos “malvados” capitalistas.
Sin embargo, lo importante a resaltar es que el Estado ha fracasado, y en su fracaso, sus
operadores no tuvieron otra opción más que recurrir a la libertad. Si bien la medida tomada
no significa un libre mercado total para los combustibles, supone un gran cambio en la
ideología con la que el gobierno boliviano viene manejando la economía.
Pero el libre mercado no debería ser la alternativa a la crisis, no debería ser el modelo al
cual recurrir cuando todo sale mal, dado que el liberalismo no debería ser la excepción,
debería ser la regla. El modelo socialista boliviano fracasó, algo que muchos liberales
hemos estado anticipando hace ya varios años; y sin embargo tuvimos que llegar a este
punto para pensar en un libre mercado, al menos en el tema de los carburantes.
El liberalismo ya no es solo una de las alternativas, sino la única. Cualquier político que
pretenda acabar con la crisis con un “brillante plan”, no hará otra cosa que continuar con el
sistema que hunde a Bolivia. No existe otra alternativa, solo el libre mercado.
