Las instituciones sirven de puente entre el poder y la libertad. Cuando ese puente se debilita, la democracia conserva su apariencia mientras pierde, poco a poco, su esencia.
Al hablar del fin de una democracia podemos imaginar hechos extraordinarios como lo son un golpe de Estado, tanques militares sobre las calles y avenidas o inclusive que exista una suspensión inmediata de las libertades constitucionales. Sin embargo, la historia nos demuestra que los sistemas políticos no siempre cambian de manera repentina. En muchas ocasiones, el proceso inicia con el deterioro y el debilitamiento constante de las instituciones.
Asimismo, como la Constitución puede seguir vigente, los tribunales pueden continuar abiertos y las elecciones pueden celebrarse con normalidad. Aun así, detrás de esa apariencia “democrática”, las instituciones encargadas de limitar el poder pueden perder independencia, autonomía y capacidad de tomar acción. Este fenómeno es mejor conocido como erosión institucional: Debido a que las reglas siguen existiendo en el papel, pero los mecanismos que protegen la libertad dejan de funcionar como deberían.
Siendo sinceros esta preocupación tiene una larga historia. Desde John Locke y Montesquieu hasta Alexis de Tocqueville y Frédéric Bastiat, han sostenido que la libertad no debe depender únicamente de saber elegir gobernantes. Se requiere mucho más porque se espera que las instituciones sean capaces de ponerle límites al poder político. El Estado de derecho, la independencia judicial, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada impiden que los derechos de las personas queden sujetos únicamente a la voluntad del gobernante que esté de turno.
Si nos detenemos a pensar en los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua estos nos permiten examinar esta idea desde distintas perspectivas. Debido a que cada país cuenta su propia historia y responde a circunstancias particulares, por lo cual no sería correcto tratarlos como procesos idénticos. Sin embargo, los tres nos muestran los riesgos que aparecen cuando el poder está concentrado y los contrapesos pierden fuerza. Este texto no pretende borrar las diferencias de cada uno, sino busca identificar lecciones que ayuden a fortalecer las democracias latinoamericanas y a poder comprender por qué la libertad puede perderse antes de que una sociedad pueda advertir plenamente lo que está ocurriendo.
La libertad necesita instituciones
Es común que podamos llegar a la conclusión de que la libertad depende en buena medida, de que quienes gobiernan actúen con buenas intenciones. El liberalismo clásico parte de una idea distinta: una sociedad libre no puede descansar en la voluntad personal que tengan sus gobernantes, sino en instituciones que controlen y limiten su poder que estos tienen.
Locke (1824) sostenía que los gobiernos son creados para proteger derechos que las personas ya poseen: la vida, la libertad y la propiedad, no para concederlos. La autoridad del Estado se justifica mientras ésta cumpla esa tarea. Si el poder deja de proteger esos derechos y comienza a restringirlos de manera arbitraria se debilita la razón moral que lo legitima.
Montesquieu (1989) formuló uno de los principios centrales del constitucionalismo moderno: la separación de poderes. Su planteamiento buscaba impedir que una sola autoridad concentrara las facultades de crear las leyes, ejecutarlas y administrar justicia. Dicho de forma sencilla, quien establece las reglas no debería poder aplicarlas e interpretarlas sin ningún tipo de control.
Tocqueville (2010) amplió esta reflexión al estudiar la democracia estadounidense en el siglo XIX. De hecho, él advirtió que las leyes por sí mismas, no bastan para lograr garantizar la libertad, sino que también hacen falta gobiernos locales sólidos, asociaciones civiles independientes, prensa libre, tribunales imparciales y ciudadanos que estén dispuestos a defender sus instituciones.
Cuando la ley deja de limitar el poder
Uno de los aportes principales de Frédéric Bastiat fue el poder recordarnos que la ley tiene una finalidad en concreto proteger los derechos de las personas. En La ley Bastiat (2012) , en esta se sostiene que la legislación debe defender la vida, la libertad y la propiedad, y no debería convertirse en una herramienta para que un grupo imponga sus intereses al resto de la sociedad buscando únicamente su propio beneficio.
Aquí conviene distinguir entre legalidad y Estado de derecho. Un gobierno puede actuar mediante normas aprobadas formalmente y, al mismo tiempo, debilitar los principios de una democracia constitucional. Por eso, no basta con que existan leyes, sino por el contrario debemos preguntarnos ¿qué establecen?, ¿cómo se aplican? y si las instituciones encargadas de hacerlas cumplir pueden actuar con independencia.
Cuando el derecho deja de frenar el poder y se utiliza para ampliar las facultades del propio Estado, las instituciones cambian de propósito. En vez de proteger a los ciudadanos frente a los abusos, terminan dando apariencia legal a decisiones que reducen sus libertades.
El Estado de derecho, no es simplemente un conjunto de normas. Es un sistema en el que ciudadanos y gobernantes están sometidos a la misma ley, y en el cual los tribunales pueden decidir sin presiones políticas.
Tres lecciones desde Cuba, Venezuela y Nicaragua
Cuba, Venezuela y Nicaragua han seguido trayectorias diferentes y no deben estudiarse como un mismo proceso. El informe Nicaragua, Cuba y Venezuela: crónicas del fin de la libertad el cual fue publicado en 2021 por Libertad y Desarrollo, un centro de estudios chileno, que reúne las perspectivas del nicaragüense Edmundo Jarquín, la activista cubana Rosa María Payá y la dirigente política venezolana María Corina Machado sobre sus respectivos países. Tomando como ejemplo Cuba, contó con una Constitución democrática en 1940 y elecciones competitivas, pero posteriormente se logró consolidar como un sistema de partido único. Venezuela y Nicaragua, en cambio, han mantenido mecanismos electorales aún con un progresivo debilitamiento de sus instituciones. Estas diferencias nos permiten observar que la pérdida de libertades no sigue necesariamente un mismo camino, aunque pueden encontrarse patrones comunes como la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Uno de los fenómenos relevantes de este análisis es precisamente la concentración progresiva del poder político. De hecho durante distintos momentos, los tres países atravesaron reformas institucionales, cambios constitucionales o decisiones de gobierno que fortalecieron al Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, otros órganos del Estado fueron perdiendo, en diferentes grados y por distintas vías, la capacidad para ejercer controles efectivos.
Asimismo también puede observarse una reducción del pluralismo político y de los espacios en los que los ciudadanos pueden expresar su desacuerdo. La libertad de expresión y la prensa independiente desempeñan una función esencial en una democracia, pues permiten fiscalizar a las autoridades, cuestionar sus decisiones y acceder a perspectivas diversas. Cuando estos espacios se reducen, la ciudadanía dispone de menos herramientas para exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder.
El tercer elemento de preocupación ha sido la independencia judicial, junto con las condiciones necesarias para una competencia política auténtica. Aunque cada país tenga situaciones de características propias, el principio que está en juego es el mismo: si las instituciones pierden autonomía, también se disminuye la capacidad para proteger a las personas frente al poder del Estado.
La seguridad jurídica como condición de la libertad
Por lo general, la libertad económica se presenta como un asunto limitado a los mercados o a los indicadores financieros. Sin embargo, también tiene una base jurídica muy importante, especialmente cuando hablamos del respeto a los derechos de propiedad.
Al momento de emprender, invertir o adquirir una propiedad, las personas necesitan tener la confianza de que sus derechos serán respetados. No basta únicamente con saber que las reglas serán estables, sino que también es necesario que existan instituciones capaces de garantizar esos derechos y que, si llegara a surgir algún conflicto, se pueda acudir a jueces independientes. Es precisamente allí donde la seguridad jurídica adquiere importancia para el ejercicio de la libertad económica.
Esto nos ayuda a explicar la importancia que tiene la propiedad privada dentro de la tradición liberal. No se trata solamente de poseer bienes, sino también de tener la seguridad de que aquello que nos pertenece será protegido y que podremos tomar decisiones sobre ello dentro de los límites establecidos por la ley. De esta manera, la propiedad también permite que las personas puedan organizar sus proyectos de vida con mayor autonomía y previsibilidad.
En América Latina, donde la incertidumbre institucional continúa siendo un problema en distintos países, fortalecer el Estado de derecho también puede entenderse como una condición importante para el desarrollo. La existencia de instituciones sólidas, el respeto a los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos pueden generar mayor confianza para invertir, emprender y crear nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, estas instituciones también cumplen una función esencial al proteger a los ciudadanos frente al uso arbitrario del poder.
Una lección para América Latina
Defender el Estado de derecho no equivale a respaldar a un gobierno o a un partido en específico. Significa aceptar que ningún gobernante debería acumular tanto poder como para actuar sin control alguno. Las instituciones están para asegurar que los derechos individuales no dependan del resultado de una elección ni de la voluntad de quien la gane las elecciones.
La ciudadanía tiene aquí una responsabilidad que no puede delegarle a nadie más. Como observó Tocqueville, las democracias no sobreviven únicamente gracias a lo escrito en sus constituciones. También necesitan de personas que valoren la libertad, pidan cuentas a las autoridades y participen en la vida pública.
Por esto, la fortaleza democrática no debe medirse sólo por poder celebrar elecciones de manera periódica, sino también se refleja en la independencia que tienen los tribunales, la libertad de prensa, el respeto a la ley, la protección de los derechos individuales y la presencia de una sociedad civil que es capaz de hacer frente a los abusos del poder.
Por esta razón, Cuba, Venezuela y Nicaragua nos recuerdan la importancia de conservar instituciones independientes y mecanismos que sean capaces de controlar el poder. Sus historias claro que no son iguales, pero las tres dejan una advertencia clara, la libertad necesita más que elecciones. Necesita reglas claras, límites efectivos y autoridades que sean capaces de poder respetarlos.
Tal vez esa sea la lección más sencilla, pero también la más importante para América Latina: la democracia no se protege únicamente el día de las elecciones. Se protege todos los días, cuando la ciudadanía defiende y fortalece las instituciones que hacen posible la libertad.
Referencias
Bastiat, F. (2012). The law. En D. M. Hart (Ed.), The collected works of Frédéric Bastiat: Vol. 2. “The law,” “the state,” and other political writings, 1843–1850. Liberty Fund.
Jarquín, E., Payá, R. M., & Machado, M. C. (2021, octubre). Nicaragua, Cuba y Venezuela: crónicas del fin de la libertad (Serie Informe Sociedad y Política, n.º 180). Libertad y Desarrollo. Informe de Libertad y Desarrollo.
Locke, J. (1824). The works of John Locke in nine volumes (12.ª ed., Vol. 4). C. and J. Rivington et al.
Montesquieu, C. de. (1989). The spirit of the laws (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Eds. y Trads.). Cambridge University Press.
Tocqueville, A. de. (2010). Democracy in America: Historical-critical edition (E. Nolla, Ed.; J. T. Schleifer, Trad.). Liberty Fund.
