En el primer año de la carrera de derecho, te enseñan que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Visto desde este punto, pareciera que el derecho como institución encuentra un origen ajeno y artificial a la vida y quehaceres cotidianos de las personas. Es decir, el conjunto de normas sería una serie de reglas y pautas establecidas para limitar las acciones del hombre en sociedad. Pero la realidad del derecho es mucho más profunda que sólo límites y reglas que indican qué hacer y cómo hacerlo.
No existe sujeto sin sociedad, y no hay sociedad sin sujeto. Puesto que el hombre se conoce y analiza a sí mismo respecto de otros, y su actividad surge dentro de la misma sociedad, podemos decir que el hombre, entonces, es un ser político. Todas las acciones que tomamos dentro de la sociedad son acciones políticas, puesto que la política es el “arte del ciudadano”, y como tal representa la forma natural del hombre para desarrollarse socialmente hablando respecto de los demás. Entonces, si el hombre es un ser político (acción política), la misma sociedad, en su conjunto, establecerá pautas determinadas que regularán aquella actividad política. Aquellas pautas no serán artificiales, o creadas al azar, sino que serán una consecución lógica y natural de las formas que el hombre encuentre más apropiadas para poder relacionarse con el otro de forma armoniosa. Por lo que las reglas establecidas serán la traducción oficial de los códigos de conducta sociales y políticos de quienes integran la misma sociedad, es decir, los hombres.
Francisco Asorey Hracek.
Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)
Vicepresidente de JPro La Matanza
Ahora, aquellas pautas y reglas deberán seguir el desenvolvimiento natural de la vida en sociedad. Es claro que no todos los individuos seguirán las mismas reglas de conducta moral que sus contrapartes, y muchas veces no buscarán el entendimiento armonioso, sino la misma discordia generada por su irracionalidad. Aquellos hombres tendientes a la discordia deberían ajustar su conducta a los códigos de convivencia social, pero para que puedan ser obligados a ello, deberá existir un conjunto de normas sociales institucionalizadas y avaladas por el conjunto de la sociedad, que posean el imperium necesario para obligar al hombre irracional a cumplir los códigos de conducta sociales, o bien recibir un castigo por su incumplimiento.
Cuando el conjunto de normas es avalado por la sociedad, quiere decir que aquellas reglas surgen de la misma naturaleza de la sociedad. Es decir, no se crea una forma ajena al actuar del hombre político, sino que se traduce su forma de coexistir con el otro en un lenguaje formal y legal que obliga a todos a cumplir sus mandamientos. Como aquellas pautas son naturales de las conductas del hombre, éste no sentirá ninguna diferencia entre si existieran o no, puesto que no será nada más ni nada menos que sus códigos sociales plasmados en una norma escrita y oficial. Pero el hombre irracional sentirá el peso de la obligación formal de la norma cuando su conducta sea contraria a los preceptos que la sociedad impone, como así también lo impondrá la ley.
Es decir, que aquel conjunto de normas será lo que nosotros denominamos derecho. Por lo que el derecho será la traducción de las acciones políticas del hombre y su forma de establecer redes sociales. No es que sean leyes ajenas al entendimiento de las personas sobre cómo deben ser sus formas de relacionarse con el otro, sino que el derecho será el medio natural e institucionalizado por el cual el hombre podrá entenderse con el otro dentro de la sociedad civil.
Es así como la propia sociedad (como conjunto de individuos) encuentra su lenguaje formal para la correcta y armoniosa interacción de sus miembros. Que no será más que el mismo derecho, lenguaje surgido en occidente, y que actualmente es la única forma por la cual la sociedad puede dirimir sus conflictos internos sin llegar a un criterio de justicia subjetivo, sino más bien objetivo, derivado de dos conceptos que serán el pilar del mismo derecho: la vida y la libertad, protegiendo a todos por igual, e imponiendo obligaciones irrenunciables a todo el conjunto de la sociedad.
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