Junto a las flagrantes violaciones a los derechos humanos perpetradas en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se suma el desmantelamiento de la representación diplomática nicaragüense en el exterior. La clausura de la mayoría de los consulados de Nicaragua en los Estados Unidos y el mundo, ha generado una grave afectación para sus ciudadanos, quienes requieren documentación oficial para gestionar trámites migratorios. Actualmente, únicamente permanecen operativos los consulados en Washington, Nueva York y Miami.
Resulta evidente que el régimen no favorece el retorno de los nicaragüenses en el exilio, pues los considera adversarios políticos. Asimismo, la diáspora nicaragüense constituye una fuente vital de remesas, las cuales sostienen la economía del país, por lo que la estrategia gubernamental parece orientada a restringir las opciones de regularización migratoria en el exterior. En el caso específico de Perú, la embajada de Nicaragua en San Isidro fue cerrada 21 de diciembre del 2022 hace tres años, dejando a los connacionales en una situación de incertidumbre jurídica y vulnerabilidad. Al carecer de representación diplomática, se enfrentan a obstáculos insalvables para renovar documentos esenciales como pasaportes, lo que limita su capacidad de desplazamiento.
Existen ciudadanos nicaragüenses en Perú cuyos pasaportes han expirado y, al no contar con una embajada que emita estos documentos, quedan atrapados en un limbo administrativo. Esto configura un mecanismo indirecto de coerción por parte del régimen de Ortega, el cual busca mantenerlos distanciados de sus familias y penalizarlos por su oposición al gobierno.
En lo que respecta a la naturalización en Perú, los requisitos son exigentes y, en muchos casos, inalcanzables para la mayoría de los solicitantes. Se exige una residencia legal ininterrumpida de al menos dos años, la presentación de un carné de extranjería vigente, la aprobación de un examen de evaluación y el cumplimiento de diversas condiciones adicionales. Entre los requisitos figuran:
- Presentación del formulario PA-NACIONALIDAD debidamente completado y firmado.
- Pago de una tasa administrativa de S/ 301.50 (aproximadamente 80.94 dólares estadounidenses).
- Acreditación de solvencia económica mínima de 10 UIT (S/ 53,500.00 anuales o 14,362.42 dólares estadounidenses), lo que implica un ingreso mensual de S/ 4,459 soles (1,197.05 dólares estadounidenses), una cifra que ni siquiera la mayoría de los ciudadanos peruanos perciben.
- Partida de nacimiento legalizada o apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Antecedentes judiciales, penales y policiales limpios, tanto en Perú como en el extranjero.
Este proceso, además de ser costoso, impone condiciones prácticamente inalcanzables para un gran número de migrantes nicaragüenses.
Cabe preguntarse: ¿dónde están aquellos defensores de los derechos humanos que aseguran velar por la protección de los ciudadanos vulnerables? Al parecer, si no existe un flujo migratorio masivo, la problemática de los nicaragüenses en el exterior pasa desapercibida, pues no genera interés ni donaciones de organismos internacionales como USAID. La migración nicaragüense, predominantemente orientada hacia Costa Rica, Estados Unidos y España, queda así relegada en la agenda humanitaria global.
Mientras se nos niega la posibilidad de renovar nuestros pasaportes con el objetivo de impedir nuestro retorno al país y garantizar la continuidad del flujo de remesas, fuentes periodísticas reportan que el régimen de Ortega otorga pasaportes y nacionalidad a ciudadanos chinos, costarricenses y creadores de contenido de otras nacionalidades. Esta estrategia de propaganda busca proyectar a Nicaragua como un país estable, donde no han ocurrido conflictos, distorsionando la realidad y minimizando la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura.
Frente a este escenario, surge la interrogante: ¿qué soluciones existen para los nicaragüenses en el exterior? Mientras en otras naciones, incluso bajo regímenes autoritarios, sus ciudadanos pueden retornar a su país de origen, Nicaragua continúa cerrando todas las vías posibles para el regreso de sus exiliados. Pese a las constantes denuncias sobre la represión y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el continente americano sigue optando por la indiferencia.
