En nuestra sociedad, al referirnos y hablar sobre una “economía informal” o “informalidad”, viene de manera inmediata a nuestros pensamientos, aquellas personas que realizan actividades de manera clandestina, como vendedores que no están registrados, que no pagan impuestos y que no se rigen por alguna ley; y que estos pueden ejercerlo de una manera personal o asociativa.
A ello sumar que, consideramos esta actividad como algo desagradable, poco aceptable y que es un factor principal de problemas para el Estado, las empresas “formales” y la sociedad. Pero, ¿Qué es ser informal realmente?
En 1986, Hernando De Soto define a la informalidad como el desarrollo de actividades económicas que se realizan fuera de los marcos legales y normativos; reconociendo que las personas nos son informales, sino sus hechos y actividades, y que la informalidad no es un sector preciso ni estático de la sociedad.
Entonces, podemos afirmar que nosotros(as) también ejercemos acciones, hechos y actividades “informales”, debido que alguna vez y en un momento determinado hicimos caso omiso a la ley, aun sabiendo los riesgos y las consecuencias que conllevaba. Pero, ¿Por qué lo hacemos?
Lo hacemos por la sencilla y llanamente “NECESIDAD”; aquella necesidad que todos(as) sentimos, aquella carencia que está ligada al deseo de poder satisfacer lo que nos falta y que también puede traducirse cuando los costos de cumplir las leyes exceden a sus beneficios (costo-beneficio), por ejemplo: acceso a una vivienda, subsistencia económica, adquirir bienes y servicios (transporte) más baratos, etc.
Por ende, las personas que desarrollan actividades informales en nuestro país, se deben principalmente a la necesidad que ellos(as) presentan y también, el de la población. Asimismo, un factor determinante para tal situación, es la ley.
Aquella ley que rige y regula las actividades y comportamientos de los(as) ciudadanos(as) basado en la justicia; pero que muchas veces esta se convierte en una “mala ley”, que en vez de proporcionar incentivos (no necesariamente económicos) y facilitar el proceso de formalización, hace todo lo contrario. A través de la aprobación de nuevas leyes que generan conflictos mayores, la burocratización, costos de tramitación altos, costos de información, corrupción, la continuación del sistema económico mercantilista; barreras de entrada, de salida y permanencia en el mercado, etc.
Empero, ante tal situación las necesidades aún siguen latentes e imperantes actualmente y mucho más en esta pandemia. Que desde la disposición del Decreto Supremo Nº 044-2020-PC, donde se dispone el aislamiento social obligatorio desde el 16 hasta el 30 de marzo y el cierre total de fronteras; se constató que hubo un incumplimiento de la norma y que en su mayoría fueron personas que ejercen actividades informales. Consecuentemente, se tuvo los mismos resultados en las siguientes disposiciones de la ampliación de la cuarentena y durante el actual proceso de reactivación económica del país.
En el año 2019, la informalidad llegó hasta un 72,6%, conservando esa tendencia de bajada desde el año 2007 que fue de un 80%. En el año 2015, el PBI fue de S/ 602 mil 527 millones de soles, de los cuales el 19,2% proviene del sector informal. Sin embargo, para este año se tiene estimaciones aún inciertas.
Es verdad que la actual situación que atravesamos a nivel nacional y mundial, está generando estragos y cambios en el paradigma del modelo económico, pero en algunos sectores de la economía se está percibiendo en mayor proporción debido al COVID-19; resaltando las inequidades presentes de nuestro país, nuestro sistema legal y actual modelo económico.
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