Después de casi ocho meses de brutal receso de la economía en su conjunto no hay casi sector de la producción, el comercio, y menos aún de los trabajadores, que no haya sufrido un deterioro real de sus ganancias e ingresos, por la conjunción de menor actividad y aceleración de la inflación. Y también los haberes de los jubilados y pensionados que percibían en marzo algo más que la mínima, porque recibieron ajustes diferenciados por decreto. Los ajustes dispuestos desde la suspensión por decreto de la Ley de Movilidad Jubilatoria, a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, estuvieron dirigidos a evitar el ingreso a un ciclo virtuoso para el sector pasivo por las severas limitaciones fiscales, porque los aumentos hubiesen superado largamente a la inflación descendente al momento del cobro.
Eso hubiese ocurrido por el desfase de seis meses entre la base de la fórmula de ajuste, con una inflación más alta que al momento de cobro y gasto hasta la próxima actualización, cuando en los dos años previos se había transitado el fenómeno inverso, la suba de los precios y salarios tomados como referencia eran notablemente menores que los presentes. Ahora, la propuesta oficial no solo propone volver al anterior régimen de actualización semestral, pese a que el consenso del mercado proyecta aceleración de la inflación y consecuentemente mayor velocidad de pérdida real de los ingresos con haberes fijos, sino que además le impone un tope de aumento real en el año de 3 por ciento.
El deterioro del poder de compra es funcional con el objetivo de lograr un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI. De ese modo, en el mejor de los casos, la recuperación del poder de compra perdido de las jubilaciones y pensiones desde 2018 no se logrará antes de 6 o 7 años, cuando la perspectiva, de superarse pronto la crisis sanitaria, del proceso de mejora real podría resultar notablemente más acelerado. De ahí que en un escenario de perspectiva de reactivación de la economía en su conjunto la proyección de aumento de esas dos variables debiera ser notablemente mayor que la inflación, pero no se trasladará sino hasta un tope adicional de 3% por año.
Y además, con la proyección de aceleración de la tasa de inflación y paso de trimestre a semestre de las próximas actualizaciones, los ajustes volverán a quedar más rezagados en términos reales. Pero es funcional a la intención del ministro Guzmán de acelerar el recorte proyectado en el gasto público para reducir el déficit fiscal, de modo de llegar a un Acuerdo con el FMI, aunque al costo de provocar un peor resultado para los jubilados y pensionados del que podrían haber obtenido con la restauración de la fórmula que rigió en el último tramo del gobierno de Macri. De ahí que el consenso de los asesores previsionales anticipa una ola de juicios contra el Estado, con un costo fiscal futuro notablemente mayor que lo buscado con el ahorro presente.
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