En las últimas décadas, la gestión ambiental se ha convertido en uno de los campos más intervenidos por el Estado bajo la premisa de que los problemas ecológicos exigen planificación centralizada. Este enfoque —que podríamos llamar planificación central ambiental— se basa en la idea de que solo mediante organismos públicos, expertos y regulaciones uniformes puede garantizarse la protección de los recursos naturales. Sin embargo, este modelo traslada a la política ambiental los mismos defectos epistemológicos y de incentivos que caracterizan al socialismo económico clásico: ausencia de precios genuinos, problemas de conocimiento, y falta de retroalimentación competitiva.
En este contexto surge la crítica liberal: cuando las decisiones ambientales se alejan de la información dispersa que sólo el sistema de precios y la competencia revelan, la experticia técnica se vuelve impotente frente a la complejidad ecológica. Las agencias burocráticas, privadas del mecanismo de prueba y error propio del mercado, tienden a tomar decisiones cada vez más arbitrarias, resistentes a la corrección y capturadas por intereses particulares.
Uno de los efectos más corrosivos de la planificación central ambiental es lo que podríamos llamar la ‘Paradoja de la Discreción’: a mayor poder discrecional otorgado a expertos burocráticos, menor es la efectividad de su experticia en la práctica. Esta paradoja surge porque los procesos centralizados de toma de decisiones, al estar desconectados de la estructura de precios, del conocimiento local y del mecanismo de competencia, destruyen el ecosistema epistémico que permite la validación, corrección y adaptación de la información en tiempo real. Como advierten Anderson y Leal (2001), la información que fluye en los sistemas políticos no está sujeta a las mismas presiones de veracidad, eficiencia y retroalimentación que las decisiones económicas descentralizadas, donde la propiedad privada y el cálculo de pérdidas y ganancias permiten corregir errores rápidamente (pp. 9–10).
Esta paradoja ha sido formalizada teóricamente por Lofthouse y Schaefer (2025), quienes demuestran que “el valor de la experticia es lo que motiva la demanda de mayor poder discrecional para los expertos. Sin embargo, desde la perspectiva de la racionalidad ecológica, altos niveles de discreción tienden a socavar el valor de la experiencia que motivó el poder discrecional en primer lugar” (p. 450). Los autores identifican algunas características críticas que faltan en las agencias administrativas modernas, creando un “ecosistema epistémico deficiente” (p. 435):
Ausencia de contestación: En las burocracias centralizadas, la capacidad de los disidentes para desafiar las políticas propuestas es severamente limitada. Los procedimientos de decisión están alejados de la implementación, el acceso a la información está restringido y los expertos que disienten enfrentan altos costos debido al “poder de monopsonio” de las agencias como empleadores principales en diversos campos (Lofthouse y Schaefer, 2025, p. 440). Sin competencia ni contestación externa, incluso el razonamiento experto más sofisticado puede deteriorarse, pues, como han demostrado los estudios, “… sólo cuando los agentes se enfrentan a críticas externas los individuos ejercen el esfuerzo cognitivo requerido para producir argumentos fuertes y verificar sus conclusiones…” (p. 440).
Falta de competencia: Las políticas del estado administrativo tienden a ser monopolísticas a escala nacional, privando a las agencias de la retroalimentación necesaria para aprender en entornos complejos. Como señalan Lofthouse y Schaefer (2025), “los estados administrativos no enfrentan organizaciones rivales con la autoridad para producir reglas legalmente vinculantes que sean obligatorias para todos los miembros de su territorio geográficamente definido” (p. 442). Esta ausencia de competencia contrasta dramáticamente con los mercados, donde Karlson et al. (2020) demuestran que las empresas que no logran adaptarse enfrentan pérdidas financieras inmediatas, creando incentivos poderosos para la corrección de errores. En este proceso de selección, se filtran las empresas ineficientes, sobreviviendo aquellas que se adaptan de mejor manera, lo que genera un mecanismo evolutivo de mejora continua que está completamente ausente en las estructuras administrativas estatales.
Conclusion
La paradoja de la discreción revela una contradicción, puesto que el poder discrecional otorgado a expertos burocráticos por su experticia termina destruyendo las condiciones que hacen valiosa esa experticia. Sin competencia, sin retroalimentación de precios y sin contestación efectiva, las agencias ambientales operan en un vacío epistémico que degrada progresivamente la calidad de sus decisiones, independientemente de la capacitación técnica de sus funcionarios.
La planificación ambiental efectiva no requiere concentrar más poder en expertos centralizados, sino crear instituciones descentralizadas—propiedad, competencia, contestación—que permitan la coordinación del conocimiento disperso y la validación continua de decisiones. Solo así puede resolverse la paradoja sin sacrificar efectividad ambiental ni calidad epistémica.
Referencias
Anderson, T. L., y Leal, D. R. (2001). Free market environmentalism (Rev. ed.). Palgrave.
Karlson, N., Sandström, C., y Wennberg, K. (2021). Bureaucrats or markets in innovation policy? A critique of the entrepreneurial state. Review of Austrian Economics, 34(1), 81–95. https://doi.org/10.1007/s11138-020-00508-7
Lofthouse, J. K., y Schaefer, A. (2025). Expert knowledge and the administrative state. Public Choice, 202, 433–454. https://doi.org/10.1007/s11127-024-01228-3
