A lo largo del siglo XX, han surgido distintas corrientes que, bajo la pretensión de eliminar las desigualdades sociales, proponen la reforma del marco legal estatal en función de aquellos menos favorecidos. Así es como grupos con poder político, bajo el nombre de la justicia social, han buscado lograr sus objetivos a través del aparato represor del estado. Pero, ¿es realmente justo? Hoy analizaremos la dicotomía entre igualdad ante la ley e igualdad mediante la ley.
Sebastián S. Aragón. A.
Coordinador Géneral, Beyond Diplomacy.
La igualdad ante la ley es un principio jurídico (principio de isonomía) también recogido en el Art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de igual forma por la ley. Apunta a garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el estado, sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, origen nacional, color, origen étnico, religión u otras características ya sean personales o colectivas sin parcialidad.
Distinto del principio de igualdad ante la ley encontramos el igualitarismo material, o lo que correspondería a igualdad mediante la ley. Este implica la posibilidad de tratos desiguales ante la ley con el objetivo de reducir desigualdades sociales. Como ejemplos de este igualitarismo material encontramos la redistribución de la riqueza o la discriminación positiva.
Ambos términos son, como ya habrá presumido el lector, mutuamente excluyentes e incompatibles el uno con el otro; uno propone igualdad de derechos mientras que el otro propone igualdad de resultados.
A lo largo de la historia hemos visto como distintas corrientes, entre ellas el progresismo, han puesto en práctica sistemas incompatibles con el principio de igualdad ante la ley. Como ejemplo podríamos tomar en cuenta las
monarquías, teocracias, el colonialismo, el esclavismo y por supuesto, el comunismo.
Esta eterna dialéctica marxista de la clase opresora sobre clase oprimida parece repetirse hasta el cansancio y trascender el aspecto económico en dirección a la cultura, en las corrientes hegemónicas actuales. Es aquí donde,
desde la ley, se pretende ir más allá de penar todo tipo de discriminación y se empieza a discriminar a las “clases opresoras” en nombre de la equidad, pisoteando el Art. 7 de la DUDH para brindar una serie de privilegios a estas
“clases oprimidas” combatiendo las desigualdades producida por factores naturales, como el esfuerzo, la diferencia de capacidades o la libertad de elección.
Es así como a día de hoy distintas corrientes funcionales al marxismo cultural (entre cuyos precursores podemos encontrar a Gramsci A. y Laclau E.) promueven este igualitarismo material-social, bajo el argumento de promover una “equidad real”. Sin embargo, toca hacernos la siguiente pregunta, ¿Cómo podría el aparato estatal determinar lo que merece un individuo, basándose principal o únicamente en el colectivo/clase a la que pertenece? No solo es paradójico pretender combatir desigualdades sociales con discriminación, sino que este tipo de ideas le permiten al estado un margen de acción ampliamente arbitrario e invasivo, que podría incurrir en violaciones a derechos y libertades individuales como los de libre asociación, libre expresión e incluso de propiedad. Como ejemplo breve, las políticas de
redistribución de la riqueza y la invasión que esta representa al libre uso del fruto del esfuerzo o las capacidades personales, como consecuencia de un trabajo realizado; podremos observar el atropello al derecho de propiedad en
la ingente cantidad de expropiaciones que realizó Hugo Chávez durante su mandato.
Para entender por qué la igualdad mediante la ley no solo podría significar el atropello de distintos derechos y libertades, sino que, en realidad, no es más que una ficción, tenemos que comprender que el ser humano como individuo es único e irrepetible. Parece una obviedad reconocer las diferencias inherentes entre individuos y como estas influyen en sus capacidades y toma de decisiones, sin embargo, para estos grupos promotores de la “verdadera igualdad”, existiría una especie de “derecho a tener cosas” por sobre el derecho a elegir, trabajar y esforzarse por obtenerlas.
Retomando las diferencias naturales entre individuos, Friedrich Hayek, economista, jurista y filósofo exponente de la escuela austríaca, considera que la desigualdad material es producto directo de la igualdad ante la ley, dada las diferencias individuales entre seres humanos.
«Hay toda la diferencia en el mundo entre tratar a las personas por igual y tratar de hacerlas iguales. Mientras que la primera es la condición de una sociedad libre, la segunda significa, como lo describe de Tocqueville, “una nueva forma de servidumbre”.» – Hayek, F. Individualismo Verdadero y Falso. University College Dublin, 1945.
Es por esto que la igualdad mediante la ley, es decir, hacer a todos iguales, es una ficción; puesto que las diferencias individuales, influyentes tanto en aspectos sociales como económicos, eventualmente terminarían acentuándose sin la intervención constante del aparato estatal. En efecto, es precisamente por estas diferencias que las políticas de redistribución de la riqueza terminan matando la productividad ante la falta de incentivos de sobresalir. Mientras que, por otro lado, las políticas de discriminación positiva (discriminar a una clase para privilegiar a otra) suelen ser ineficientes y en verdad injustas.
Nota: La discriminación producto de factores culturales, se combate penando todo tipo de discriminación, promoviendo la igualdad ante la ley, reforzando las garantías constitucionales, luchando contra problemas que atentan contra estás garantías (como la corrupción, que puede generar impunidad) y con educación en respeto y libertad. No con discriminación a través de la ley. Fin de la nota.
Como ejemplo de la ineficiencia de las políticas de discriminación positiva, encontramos la paradoja nórdica: En los países con mayor igualdad y libertad, las disparidades de género en distintos aspectos sociales, como las carreras
universitarias, son más pronunciadas que en aquellos países donde hay menos libertades e igualdad; esto a pesar de las constantes políticas de género (como las cuotas de género o el subsidio de carreras de ingeniería para mujeres) que se aplicaban en estos países. A raíz de esto, El Consejo Nórdico de Ministros (Consejo Intergubernamental de Cooperación Nórdico: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia) decidió cerrar el Instituto de género nórdico NIKK que estaba situado en Oslo, ante el innecesario e inútil gasto público de nada más y nada menos que 56 millones de euros que recibía el instituto como financiación, pagado por el contribuyente, por supuesto.
Por otra parte, la acción de la clase política no se queda atrás. Los gobiernos populistas suelen usar esta narrativa sobre cambios a nivel jurídico, económico y social, prometiendo a ciertos grupos y colectivos una solución a todas las desigualdades sociales; muchas veces prometiendo el reconocimiento de derechos inexistentes, en base a cualesquiera sean las exigencias de estos colectivos, incluso sin poder garantizar los canales efectivos para su gestión, dada la falta de conciencia sobre cómo funciona la economía o sobre los límites que establece el derecho, y las repercusiones sociales que podrían tener. Así, la promoción de la idea de que “todo es un derecho” puede terminar por desplazar las responsabilidades en virtud de la capacidad jurídica, e incluso puede llegar a vulnerar los derechos de otras personas, como hemos visto en el ejemplo de redistribución de la riqueza.
En pocas palabras podemos concluir que, mientras que la igualdad ante la ley apunta a garantizar un sistema no discriminatorio y colabora a la restricción del margen de acción del estado en la vida personal del individuo, evitando
que el aparato estatal pueda actuar con arbitrariedad en materia de igualdad en el marco legal (penal, civil y laboral), la igualdad mediante la ley es completamente antagónica, pues tiene que recurrir necesariamente a algún tipo de discriminación para hacer a todos iguales y depende de la arbitrariedad y presencia constante del estado en la vida personal del individuo para subsistir.
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