En otros artículos de mi autoría hemos hablado sobradamente de la cuestión acuciante de la propiedad privada, quizá el derecho más atacado por las posiciones de izquierda durante tantos siglos (ver “La absoluta vigencia de John Locke”). No obstante, hoy no hablaremos de la propiedad desde la filosofía sino desde un caso concreto: la toma de tierras en Argentina y la justificación de amplios sectores del gobierno nacional.
Bien es sabido que las tomas de terrenos en nuestro país y en especial en el conurbano bonaerense son moneda corriente hace ya varios años, pero esta situación está llegando a picos inusitados en el transcurso de la cuarentena más larga del mundo. Sumado al aumento acuciante de la pobreza a niveles nunca antes vistos (ni siquiera en la crisis de 2001-2002), la inseguridad es moneda corriente y el gobierno argentino parece avalar esta horrible visión de la realidad. Más concretamente: el señor Grabois advirtió que habrá una toma masiva de terrenos que ya está ocurriendo por la crisis y porque las “familias no quieren vivir hacinadas por el virus”. Si bien es cierto que la Ministra de Hábitat dijo que no eran tomas por necesidad, lo cierto es que esto se contradice con la ley votada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que prohíbe tanto a policías actuar en casos de tomas de terrenos, al mismo tiempo que condenan a las personas que defienden sus propiedades como el señor Ríos que, más que claramente, actuó en defensa propia.
De esta manera, las aproximadamente 85 tomas de terrenos en el conurbano de la provincia son justificadas por el gobierno nacional, en donde, cada una de estas posesiones ilegales pueden llegar a contar con hasta 5 mil familias construyendo casillas y casas de material en terrenos que no son suyos. La situación se vuelve desesperante para las familias que poseen esos terrenos y que ante la complicidad estatal solo cuentan con sus vecinos para defender amplios terrenos de miles de personas que vienen a tomarlos.
En cualquier país normal del mundo las órdenes de desalojo y la realización efectiva de los mismos sería casi inmediata pero en un país donde el acercamiento a Venezuela cada día es más evidente, no sorprende que se justifique el ataque a la propiedad privada. No debería sorprendernos que en un país donde el Ministro de Educación dice que hay que “discutir la propiedad privada”, cosa que evidencia en los planes de enseñanza oficial, se justifique una vez más a los delincuentes que vulneran uno de los 3 derechos fundamentales del ser humano. La propiedad privada no puede ser avasallada y si eso ocurre, el Estado debe ser el juez imparcial que medie y hable en favor del damnificado.
En Argentina esto recién comienza pero no hay un futuro muy prometedor en el corto y mediano plazo: el gobierno argentino convalida las tomas de terrenos y quiere discutir la propiedad privada porque considera que lo tuyo, no es del todo tuyo. Por eso, hay que marchar y manifestarse en todos los banderazos.
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