Por: Oriana Aranguren
País: Venezuela
Venezuela ha emergido como un fascinante objeto de estudio para académicos, políticos e
instituciones internacionales debido a los recurrentes eventos económicos y políticos en las
últimas décadas. Este país ofrece lecciones cruciales sobre la intersección entre política fiscal y
desarrollo económico, destacando la deficiente implementación de políticas agravado por factores
como la corrupción y deficiencias en la administración pública, que han tenido efectos
significativamente perjudiciales para el bienestar nacional.
Es crucial señalar la dificultad para obtener información relevante para estudios sobre la política
fiscal venezolana. A pesar de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública por la Asamblea Nacional en año 2021, actualmente, no hay una fuente confiable de datos
abiertos actualizados, y los informes del Banco Central de Venezuela contienen lagunas
informativas.
En los últimos años, Venezuela ha enfrentado uno de los déficits fiscales más altos de América
Latina, según el Instituto de Investigación Económica y Social de la Universidad Católica Andrés
Bello. Este déficit se vincula con el estancamiento económico y una abrumadora deuda externa
que alcanza los $192.83 mil millones, según la última actualización del Banco Mundial en 2021.
Atribuir esta situación únicamente al gobierno actual sería simplista. A lo largo de varias
administraciones, la política fiscal en Venezuela ha sido mal gestionada, con intervenciones
abruptas en la economía y falta de sostenibilidad en diferentes periodos. Por ejemplo, el periodo
entre 1989 y 1996 se caracterizó por una alta inestabilidad económica debido a cambios
estructurales causados por programas de ajuste macroeconómico excesivos.
Desde el auge petrolero a mediados de 1970, el gasto público creció en proporción a los ingresos
exorbitantes del petróleo y así, los gobiernos embelesados por la riqueza no previeron la creación
de una política fiscal eficiente que se anticipara al mundo globalizado que llegaría unos años más
tarde. No es hasta hace menos de medio siglo que se inicia la transformación fiscal en Venezuela
con el proceso de ajuste fiscal para reducir el déficit y la deuda externa por la caída de los precios
del petróleo y el gasto público en el año 1989, luego con una política basada en los principios del
socialismo en 1999 y más adelante, en 2013 con la creación de un nuevo sistema tributario bajo
los principios de progresividad, ampliación de la base imponible y reforma del sistema aduanero.
Estos cambios marcados por medidas e instrumentos que introdujeron mayores controles,
impuestos y tributos como fuentes de ingresos para contrarrestar el gasto público desincentiva en
ocasiones a la economía, mientras que medidas proteccionistas carentes de un análisis eficaz de
los sectores económicos nacionales perpetúan el ciclo de ineficiencia e ineficacia de la política
fiscal actual.
En perspectiva, el Estado venezolano históricamente ha sido dependiente de los ingresos
petroleros, que en su apogeo según el informe de la CEPAL y la Agencia de Cooperación Española
en el año 2015 representaron hasta el 48% de los ingresos fiscales totales, lo que paralelamente
daba paso a una economía liberada ficticia en cuanto a la no implementación de políticas
impositivas excesivas para sectores productivos no petroleros.
Factores como la disminución en la producción petrolera, la necesidad de diversificar los ingresos
para compensar el gasto público y períodos de difícil situación fiscal llevaron a la implementación
de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISLR), el
Impuesto sobre Débitos Bancarios (IDB), el Impuesto sobre Activos Empresariales (IAE), entre
otros.
Estos, al ser impuestos directos generan complejidades en la estimación y recaudación, retrasando
los procesos internos, desincentivando la gestión empresarial y contribuyendo al panorama de
corrupción y falta de transparencia que poco a poco han debilitado los organismos e instituciones
públicas alimentando así estudios internacionales como el “Índice de percepción de corrupción”
de Transparencia Internacional que nos sitúa en el puesto número uno como el país percibido
como más corrupto de la región.
La dicotomía entre un sistema tributario eficiente y otro que interfiera menos en la economía es
evidente. Para abordar esto, es necesario analizar otros factores relevantes como la política
aduanera, que constituye una parte significativa de la recaudación fiscal del Estado venezolano.
Esta se ha desviado cada vez más de su función puramente fiscal para buscar un “equilibrio
económico” a través de medidas de regulación, exención, restricción e imposición de bienes. Así,
tenemos un arancel promedio Nación Más Favorecida (NMF) del 12.51% y un régimen jurídico
aplicable ajustado a una codificación de 21 requisitos que a menudo conduce a procesos
administrativos burocráticos y no transparentes, obstaculizando el flujo del comercio.
El éxito en economías con modelos más abiertos, como el de Nueva Zelanda con un arancel NMF
en promedio de 2,67% y Chile con 6%, liderando el ranking de competitividad mundial a nivel de
Latinoamérica, nos hace ver que las medidas de política aduanera adoptadas por Venezuela, lejos
de ser la solución para el desarrollo económico de la nación, generan un desequilibrio económico
al limitar progresivamente el libre comercio entre naciones, afectando directamente la
comercialización de bienes y servicios con la visión proteccionista de beneficiar al consumidor
final. Esto representa desventajas evidentes; a nivel nacional desincentiva la competencia, permite
el aumento excesivo de precios, empobrece la oferta de bienes y a nivel internacional limita
considerablemente la inversión extranjera y disminuye la capacidad del productor nacional para
ingresar a mercados extranjeros.
Desde hace cuatro siglos tenemos a nuestra disposición obras como “Petición a los fabricantes de
velas” del economista francés Frédéric Bastiat, que critican la protección excesiva de la industria
nacional y cuestionan los argumentos utilizados para justificarlas. La idea principal siempre ha sido
que el libre mercado es inherentemente una fuente de “armonía económica” entre los individuos
y que para determinar si una medida es buena o mala, han de mirarse sus consecuencias a largo
plazo para toda la población, y no sólo las que tienen lugar a corto plazo para una parte de la
misma.
Siguiendo la referencia de los autores mencionados y considerando el desarrollo económico de
países que han incorporado medidas liberales en sus políticas económicas, queda claro que la
revisión de la política fiscal de Venezuela debe tomar un nuevo rumbo. Enfocarse en la reducción
del gasto público, facilitar el comercio internacional eliminando barreras innecesarias, promover la
eficiencia en los procesos, fomentar la inversión y crear un entorno propicio para el desarrollo
económico sostenible, igualmente simplificar el sistema tributario y reducir la carga impositiva
podría estimular la actividad empresarial.
Se requiere un cambio estructural con una visión a largo plazo que dará como resultado: reducción
de la deuda externa, aumento del flujo comercial, fomento de la producción y exportación
nacional, diversificación del mercado, promoción de la innovación tecnológica y el desarrollo de
los sectores productivos. Esta visión es el resultado de años de investigación y estudios de
modelos económicos y políticos mundiales que son similares a la realidad venezolana o que han
sido puntos de partida para el desarrollo de naciones, comprendiendo al mismo tiempo las
particularidades del sistema venezolano y su historia.
A pesar de los desafíos presentados por el actual panorama social y político complejo causado por
una economía debilitada y un Estado autoritario, esta propuesta representa un período de
transición necesario en la política fiscal para salvar la economía nacional y para el cual estudiantes,
académicos, políticos y otros representantes de la sociedad deben trabajar para lograr. La
participación activa de la sociedad civil, la academia y los líderes políticos es esencial para
implementar reformas que conduzcan a una recuperación económica y a una mejora en la calidad
de vida de los ciudadanos venezolanos.
En conclusión, el análisis de la política fiscal en Venezuela revela la urgencia de un cambio
estructural para abordar los desafíos económicos actuales. La dependencia histórica en los
ingresos petroleros, la gestión deficiente de la deuda y el déficit fiscal, y las políticas aduaneras
restrictivas son obstáculos que requieren medidas audaces y sostenibles. La adopción de enfoques
basados en la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana puede allanar el camino
hacia un desarrollo económico más equitativo y sostenible en Venezuela.
Oriana Aranguren, estudiante de octavo semestre de Ciencias Fiscales mención Aduana y Comercio Exterior, con un año de trayectoria en el programa de coordinadores locales de Students for Liberty y fundadora del capítulo Ladies of Liberty Alliance Caracas, Venezuela.
La presente publicación no corresponde necesariamente al pensamiento de Estudiantes por la libertad sino exclusivamente al autor señalado.
