El Estado como unidad político-territorial

Publicado en

Por: Fabricio Doldán

País: Argentina

Taylor (1994) parte de la división de la geografía política a tres escalas: el sistema-mundo, el
Estado-nación y el ámbito de poder local. En ella, la escala estatal es el ámbito fundamental
de la articulación política de la sociedad, tanto a escalas inferiores como exteriores. En una
palabra,
“el Estado domina y gestiona el territorio estatal” (Sánchez, 1992, p. 88). Sánchez distingue
cuatro significados del concepto Estado: Estado-nación, Estado-poder, Estado-aparato y
Estado-territorio.
Primero me referiré al Estado-nación. Este, para garantizar su pervivencia, debe de
disponer de un espacio-territorio de donde obtener los recursos necesarios para una
vinculación estable con su territorio. Además, debe establecer determinadas relaciones
sociales en torno a los procesos de trabajo y reproducción, para ese mismo objetivo. En el
interior de los Estados-nación, se identifica un determinado lenguaje común, una serie de
valores, normas, pautas y ritos comunes, una jerarquización social y productiva desigual, una
estructura de reproducción, formas de disposición territorial y mecanismos de transmisión de
estos mismos factores que buscan de ser estables. En síntesis, para hablar de Estado-nación
debemos identificar primero la coincidencia de dominio territorial y una consciencia socio-
cultural común compartida dentro de ese territorio relativamente estable, aunque, de todas
formas, temporalmente dinámica (Sánchez, 1992). Es así que las naciones afirman su
vinculación a una ubicación geográfica determinada, que la comparten con el Estado
soberano moderno y forman así el concepto de Estado-nación. En nuestro territorio, en
contextos de producción de nacionalidad en el siglo XIX, existía una distancia entre la
constitución formal de la nación y la efectiva existencia de un Estado nacional (Oszlack,
1997). Por ello, el Estado debió “regularizar” el funcionamiento de la sociedad. Esto quiere
decir que se debió imponer un determinado marco de organización social que sea coherente
con el sistema productivo y las relaciones de dominación en boga. Esto se logró a través del
llamado “orden”, que supone soberanía externa e interna, el monopolio estatal de la coerción,
la diferenciación e integración del aparato legislativo e institucional y la creación de la figura
del consenso como legitimadora de la supremacía del Estado. Esto es lo que, por ejemplo,
llevó adelante Urquiza a partir de los acuerdos interprovinciales con el fin de organizar el

gobierno nacional. Es así que, siguiendo a Oszlak (1997) y el caso argentino, podemos
afirmar que el desarrollo del Estado corresponde a un proceso de “expropiación social” en el
que se lleva adelante una conversión de intereses “comunes” de la sociedad en un objeto de
interés general y garantía del Estado, es decir, desplazar los marcos de referencia de la
actividad social de un ámbito privado y particular a uno nacional y público.
En la globalización, décadas siguientes, se producen mezclas hibridas de lo local y lo
global en términos de reacciones políticas, pero también en términos culturales, sociales e
identitarios que llevan a Taylor (1994) preguntarse “¿está surgiendo una nueva identidad
europea?” (p. 252) en relación a las renegociaciones de las identidades nacionales y las
potenciales rupturas de las narrativas nacionalistas que, de todas maneras, concluye como
perdurables ya que posibilitan la soberanía, la cohesión social, la acción política y el sistema
interestatal anclado en el modelo de producción capitalista.
El Estado es una forma de unidad social que pervive a las vidas individuales, es un
ente de categoría superior a la de los individuos que lo integran. Sin embargo, el Estado como
instancia superior independiente no existe, sino que es simplemente el reflejo de una relación
de fuerzas que configura relaciones de poder que desembocan en la instancia superior Estado-
poder. Desde este último, se impondrán sobre la sociedad determinadas ideas económicas,
políticas e ideológicas que constituyen el ámbito fáctico y operativo de las relaciones
políticas.
El territorio supone una división del poder político que, en la modernidad, repercute
en los Estados, ya que el territorio es aquella tierra que pertenece al gobernante de un Estado.
Además, podemos relacionar esto con la idea de soberanía, la noción legal de un Estado que
determina que hay una autoridad absoluta y final en una comunidad política. Esta noción de
soberanía aporta así la base legal del sistema interestatal moderno, que monopoliza en la
figura efectiva del estado el poder coercitivo supremo dentro de un país. En concreto, es el
Tratado de Westfalia de 1648 el que reconoce la soberanía de cada Estado en su territorio. Es
así que la soberanía otorga legitimidad a los estados, que reconocen su existencia y un
sistema de normas recíprocamente (Taylor, 1994). De esta manera, podemos aplicar el
término Estado para designar al “conjunto formado por una sociedad que controla en todas
sus dimensiones el territorio sobre el que se asienta” (Sánchez, 1992, p. 104), es decir,
Estado-territorio.

El Estado territorial surgió como respuesta y solución al problema de la inseguridad
en contextos de guerras religiosas. Existen dos funciones básicas del Estado territorial según
Gottmann (en Taylor, 1994): la seguridad y la oportunidad. La seguridad es relacionada a los
orígenes del sistema interestatal y la necesidad de orden entre los diferentes estados. La
oportunidad, en cambio, al incipiente y cada vez mayor mercado mundial y las necesidades
mercantilistas de cada uno de los estados.
En la economía-mundo, los Estados son actores fundamentales ya que son las
instituciones que son susceptibles de ser manejadas para favorecer a determinados grupos
sociales en detrimento de otros en el sistema-mundo, es decir, los Estados en la economía-
mundo manipulan los procesos económicos en beneficio de sus intereses particulares. Esto lo
logran ya que, al ser instituciones, detentan el poder formal. En el sistema-mundo moderno,
en el sistema capitalista, la lógica que prima, en tanto imperativos, es la de la continua
acumulación de capital y en la constante búsqueda de excedentes mundiales que satisfagan al
mercado mundial. En este último, claramente, no todos los Estados salen beneficiados, sino
que la posición estructural en el globo y el nivel y alcance de las economías de cada Estado
determinan el grado de beneficio económico y político que detentaran. En los Estados de
centro perduraran procesos más estables, duraderos y consensuales que en los Estados de
semiperiferia y periferia, en términos generales. Además, en contextos de globalización y
auge de las empresas privadas trasnacionales, la producción ha tendido a transgredir las
fronteras estatales y fomentar así una adaptación del poder estatal a las nuevas circunstancias.
En conclusión, siguiendo a Taylor (1994), sin la existencia de Estados territoriales con su
propia soberanía, no sería factible un sistema capitalista de continua acumulación y promotor
de desigualdades sociales a nivel global. De todas maneras, esa diversificación productiva y
económica puede darse dentro de un mismo territorio de un Estado soberano, como fue la
expansión económica de la región pampeano-litoraleña a principios de siglo XIX en nuestro
territorio. Esta región estuvo ligada de gran manera al mercado internacional como
exportadora de bienes pecuarios e importadora de manufacturas industrializadas. De esta
manera, la provincia de Buenos Aires, con su puerto, se diferenció como unidad político-
económica con respecto al resto de nuestro territorio (Oszlack, 1997). Recordemos que este
predominio recaía en la integración de todas las regiones a la economía portuaria, bajo un
régimen liberal.
Es así que la existencia y el desarrollo del Estado en tanto nación, poder y territorio
remite a diversas modalidades de penetración: la represión y la fuerza, la cooptación de

apoyos, la materialidad territorial fáctica y la promoción de valores ideológicos
determinados. A través de esas modalidades, se llevó a cabo el proceso de estatidad y la
legitimación de esa institución.

Bibliografía:
Oszlak, Oscar. “La formación del Estado Argentino. Orden. Progreso y Organización
nacional”. Editorial Planeta. Buenos Aires. 1997. Pág. 44 a 190.
Sánchez, Joan-Eugeni: Espacios y sociedades. Serie General nº 23. Cap. IV: El ámbito
funcional en geografía política. Del Estado lo local. 1992.
Taylor, Peter. “Geografía política. Economía-mundo. Estado, nación y localidad”. Editorial
Trama. Madrid, 1994. Cap. IV. Los estados territoriales. Cap. V. La nación y el
nacionalismo.


Fabricio Paul Doldán es un estudiante argentino nacido en el año 2001. Actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y el Profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto Superior de Formación Docente Nº19 (ISFD19). Por otro lado, se encuentra también realizando la Diplomatura en Psicopolítica y Transhumanismo de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Además de sus compromisos académicos, es un proactivo lector de la historia política y económica, como así también de la literatura canónica en sus diferentes períodos.

La presente publicación no corresponde necesariamente al pensamiento de Estudiantes por la libertad sino exclusivamente al autor señalado

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