La Ley Constitucional contra el Odio, es una ley aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela el 8 de noviembre de 2017. Nicolás Maduro declaró ante los constituyentes que «ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente». La ley establece penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos, entre otras sanciones. Hoy, en Argentina, con la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), el régimen monárquico-absolutista del Capitán Beto se garantiza su propio mecanismo de censura de manera explícita y concreta.
En efecto, los repudios de la prensa independiente se hicieron notar rotundamente. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación por la creación de un organismo para supervisar qué noticias se publican en los medios de comunicación, y señaló que la instauración de este tipo de prácticas de vigilancia desde el Estado “conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento”. A través de un comunicado, titulado “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión”, la entidad señaló que “una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital”, pero otra muy distinta es cuando provienen de organismos públicos “que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de observación como una suerte de censura indirecta”.
No es casualidad o mera erudición proveniente de flashes intuitivos, es historia y relación de variables. La Ley de Medios hace 10 años, la afinidad con el régimen de Maduro y la historia del peronismo en general son las sólidas premisas que derivan unívocamente en una sola conclusión: la censura como metodología de disciplinamiento a los ciudadanos. Para la Asociación de Entidades Periodísticas, la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio “es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales”.
“Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos”, detalla el comunicado. Finalmente, remarcaron que el monitoreo del ejercicio de la opinión y la información por parte de un organismo público “siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía”. Ya lo dije en artículos anteriores: podrán sacarte hasta la comida, pero cuando no tengas garantizada la libertad de expresión, ese es el momento en donde todo se acabó.
Esta publicación expresa únicamente la opinión del autor y no necesariamente representa la posición de Students For Liberty Inc. En el Blog EsLibertad estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y la promoción del debate de las ideas. Pueden escribirnos al correo [email protected] para conocer más de esta iniciativa
