La necesidad de la coerción siempre presente
Los liberales solemos plantearnos escenarios utópicos y debatimos entre nosotros sobre cuál sería la sociedad y el mundo ideales. Pero, hay un nudo difícil de desatar y ese nudo se enreda en torno a la eventual necesidad de la fuerza física para combatir el crimen. ¿Quién debería estar a cargo del control de esa fuerza física? ¿Debería ser privada o pública? ¿Deberíamos permitir que el estado monopolice totalmente la fuerza y los individuos quedemos desarmados o, por el contrario, quitarle todo el poder al gobierno y dejar a cada individuo con la mejor ametralladora en el sótano de su casa listo para defenderse?
Las anteriores preguntas nos tienen en vilo y desatan interesantes discusiones. Y creo que la solución no pasa por descartar una de las dos opciones en favor de la otra sino que está en reflexionar por fuera de la misma pregunta.
Nicolás Lisandro Chocobar
Coordinador Local de Eslibertad en Capital Federal y Traductor público por la Universidad de Buenos Aires.
La demanda de seguridad y justicia
El liberalismo coincide de manera generalizada en que los bienes y servicios que demanda la sociedad deben estar regidos por las reglas del libre mercado y la libre competencia. La cuestión es ¿Hasta qué punto? ¿absolutamente todos los bienes y servicios? Si la seguridad física pasa a estar también en manos privadas, entramos en una nave espacial que se mueve constantemente de manera impredecible sin tener del todo claro qué conductas configuran un delito y qué conductas no. Se puede privatizar la justicia civil y comercial creando tribunales de arbitraje regidos por un sistema de common law, que compitan entre sí y nos ofrezcan reglas cada vez mejores gracias a la libre competencia, como sucede en cualquier sector de la economía, perfecto. Sin embargo, ¿qué hay de la justicia penal? ¿qué pasa con las fuerzas de seguridad? Bueno, podemos imaginar cárceles privadas que compiten para ofrecer el mejor servicio de re-socialización para los reos, con lo cual, las cárceles pasarían a ser casi instituciones educativas más que penitenciarias.
¿Codificación de delitos o libre albedrío total?
La cuestión de la función del derecho penal da para una charla aparte que no es la idea de este ensayo. Básicamente las sociedades necesitan la idea de un sistema predecible que sistematice claramente y a público conocimiento qué es un crimen y lo que no es un crimen, lo cual es necesariamente colectivo y surge de múltiples valoraciones éticas en las que es sumamente difícil que una sociedad de millones de individuos estén de acuerdo en todos los puntos. En ese sentido sería necesario que muchas pequeñas jurisdicciones estén compuestas de individuos que estén totalmente de acuerdo con códigos de conducta específicos, y de esa forma puedan confiar todos de todos. Con lo cual pasamos de nuevo al tema de la demanda de seguridad.
¿Para qué necesitamos seguridad?
Tanto en el escenario minarquista como en el escenario anarcocapitalista nos vamos a encontrar con exactamente el mismo fenómeno social: Necesitamos seguridad. La pregunta es ¿por qué necesitamos seguridad? ¿qué condiciones están dadas en la sociedad para que sintamos que nos hacen falta fuerzas de seguridad? Simplemente, la sociedad es muy grande y no nos conocemos todos del todo. Imaginemos una Ciudad Estado donde viven dos millones de personas, un número suficiente como para predecir qué puede haber un violador en el edificio de al lado, en ese escenario necesitamos tener la confianza en que hay una fuerza que va a responder por mi derecho a no ser violado. Y para eso necesitamos delegar, una forma de división del trabajo, digamos. No todos nos sentimos tranquilos o tranquilas de saber que si alguien viene a abusar de nosotros, buscamos la escopeta que tenemos en el desván, le disparamos entre las cejas y se acabó. No todos somos iguales. Algunos necesitamos contratar una fuerza de seguridad que lo haga mejor que nosotros. Ahora, esa fuerza de seguridad ¿se financiaría con impuestos o con aportes voluntarios? La respuesta a esa pregunta no es interesante, ya que depende de qué tan grande sea la jurisdicción. Si se trata de un conjunto inmobiliario donde viven, digamos, tres mil personas, es más fácil hablar de aporte voluntario, porque todo el pueblo sabrá con mucha precisión para qué van esas contribuciones (mantenimiento general, seguridad, orden). Si hablamos de cuarenta y cinco millones de personas viviendo en tres millones de kilómetros cuadrados, la cosa cambia y mucho: No nos podríamos poner de acuerdo en qué cosas son crímenes y qué cosas no. Y aquí voy a la solución del problema.
Necesitamos seguridad porque no podemos confiar del todo en los demás y no podemos confiar del todo en los demás porque muchos bienes y servicios provistos por el mercado en una sociedad libre, como la educación, la cultura, la infraestructura, la ciencia y la tecnología, no son lo suficientemente efectivos en su propósito. Y no son del todo efectivos porque la sociedad no es ideal. Es necesario que transcurra mucho tiempo para que esa sociedad alcance un nivel de sofisticación tal que todos podamos sentir que ya no necesitamos aplicar coerción, no importa si es privada o pública, porque esas cualidades dependen de las variables ya expuestas anteriormente. La discusión no pasa por imaginar una sociedad donde la seguridad y la justicia puedan ser privatizadas, sino en apuntar a una sociedad donde los servicios de seguridad física y de justicia penal (armas de fuego e instituciones penitenciarias) ya no sean demandados por ningún individuo.
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