Escrito por Isaac Parra
Ante los desafíos económicos que pueden vivirse en cualquier parte del mundo, sobre todo en países pobres, la educación se tiene como un pilar fundamental para el progreso. Entendiéndose como proceso indispensable para el acceso a oportunidades y la creación de riqueza.
En ese sentido, resulta obvio tener que, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, se promulga la doctrina de que toda persona tiene derecho a la educación. Siendo positivizado de la siguiente manera:
Artículo 26 – 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita […] La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos.
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
Sin embargo, es necesario aclarar que esta aproximación tergiversa totalmente el concepto de derecho. Filosóficamente hablando, un derecho debe ser algo intrínseco de la naturaleza del hombre y la realidad, algo que pueda ser preservado y mantenido en cualquier momento y en cualquier época.
En este sentido, sí podemos calificar de derechos a la autodeterminación o la defensa de la vida y la propiedad. Este tipo de derecho puede aplicarse a los hombres de las cavernas neandertales, en la Calcuta moderna o en el occidente contemporáneo. En definitiva, estos derechos prevalecen independientemente del tiempo o el lugar.
Por el contrario, el supuesto “derecho al trabajo”, a las “tres comidas al día” o a los “doce años de escolaridad” están atados a unas variables que dificultan —o imposibilitan— su ejercicio facultativo, por lo tanto, no pueden ser garantizado. Esto es así ya que tales cosas no pueden existir en todos lugares y épocas, como era cierto en la época de los neandertales o en la Calcuta moderna.
Hablar de un derecho como algo que sólo puede cumplirse en las condiciones industriales modernas no es hablar de un derecho humano y natural. Si no de un privilegio. Supongamos que si todos tienen realmente un derecho a la educación, entonces ¿Por qué no el derecho a un teléfono inteligente, a una computadora o el acceso a internet? y entonces ¿Por qué el gobierno no debería cobrar impuestos a todos para proporcionar estos privilegios gratis para todos los que deseen obtenerlo? Después de todo, pueden usarse para educar ¿no?
Este discurso puede ser altruista, pero otorgar estos privilegios, solo es posible si se coacciona a otras personas para otorgarlo mediante el pago de impuestos y la inflación generada por los bancos centrales al inyectar dinero inorgánico en las instituciones educativas. En contraste, el derecho libertario de autodeterminación no requiere la coerción de ningún grupo de personas para otorgar ese derecho a otro grupo.
Desarrollando un poco más este último punto, hay que decir que las escuelas “gratuitas”, bien sean escuelas públicas actuales o escuelas sostenidas mediante una política de vouchers —subsidio a la demanda—, no son realmente gratuitas; son los contribuyentes —todo aquel que pague impuestos— quienes deben pagar por los servicios educativos.
En este sentido, vale la pena tomar el ejemplo de Venezuela. Aquí, quienes están sometidos a la economía del bolívar, de forma indirecta —e injusta—, pagan por estos y todos programas gubernamentales a través de la devaluación generada por el Banco Central de Venezuela a través de la impresión de dinero inorgánico.
No conforme con lo anterior, las empresas privadas tambíen son las responsables de correr con los costos asociados a la formación de sus “aprendices”, de acuerdo con los lineamientos de la denominada Misión Chamba Juvenil.
Este programa gubernamental vio sus inicios en 2017, cuando ya Venezuela transitaba por una crisis económica estrepitosa. Un año después, pasaría al estatus de “Gran Misión Socialista”, buscando además afrontar la problemática de las universidades públicas, puesto que se vendía como una alternativa para brindar oportunidades de estudio y trabajo a los jóvenes venezolanos. Todo esto mientras aprovecha para promocionar sus ideales socialistas, tal y como queda evidenciado en la gaceta oficial N#41.429:
Artículo 3°. La Gran Misión Chamba Juvenil tendrá como objetivos: La Promoción y el Fortalecimiento de una Nueva Cultura para el proceso social del trabajo. Promover una nueva lógica de trabajo, generando espacios y fines sociales, en el cual la juventud desde su capacidad productiva contribuya a la consecución de la superación de la explotación, la dominación y la exclusión, tributando de esta forma a la socialización de los medios de producción y potenciando las fuerzas productivas de la juventud hacia la consolidación de un modelo económico incluyente de todos y todas.
Gaceta oficial N# 41429, 28 de junio de 2018, página 8, Artículo 3°. https://www.cpzulia.org/ARCHIVOS/Gaceta_Oficial_28_06_18_num_41429.pdf
Sumado a lo anterior, no podemos evitar destacar que en esa misma gaceta, específicamente en su artículo 8°, se proclama que “Los recursos para el funcionamiento de la Gran Misión Chamba Juvenil provendrán del Fondo Nacional de Misiones”, lo cual es totalmente falso, puesto que —cómo se mencionó antes—son las empresas privadas quienes incurren en los gastos directos de esta misión.
Para empezar, esta misión se apoya en la estructura Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), cuya ley establece que si una organización cuenta con quince o más empleados son obligadas a “contratar y formar a un número de aprendices equivalente como mínimo al tres por ciento del total de sus trabajadores”. De lo contrario, estas empresas serán multadas por un monto del 0,5% —que puede ser duplicado— de las utilidades anuales e, incluso, sufrir una clausura en caso de incumplir esta “obligación”.
Conociendo esta realidad, podemos ver como el Estado venezolano coacciona a las empresas a “becar” jóvenes en un oficio, para que posteriormente, en pocos de ellos, realicen una suerte de pasantías en sus instalaciones.
Asimismo, estas políticas restringen la libertad, al distorsionar el funcionamiento regular del mercado educativo y sus ofertas. Ya Rothbard lo decía:
… con el servicio separado del pago, tiende a haber un exceso de oferta de jóvenes en las escuelas, y una falta de interés del joven en el servicio educativo por el cual su familia no tiene que pagar.
Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto (Second Edition by Mises Insitute, Aulburn, Alabama, 2006) pages 164-175
Lo cual, según la evidencia que se expondrá a continuación, resulta en poca variedad de oficios a estudiar, contenidos que apoyan al régimen y un porcentaje significativo de los estudiantes abandonado su educación para dedicarse a actividades productivas.
Fui testigo de todo esto desde agosto de 2018, cuando a través del plan chamba juvenil fui becado por la empresa Coca-Cola FEMSA, para realizar un curso de asistente administrativo en una institución privada llamada “Centro de Contadores de Barquisimeto”, durante 16 meses
Durante este tiempo, pude observar que habían cerca de 20 salones que comenzaban con aproximadamente 20 estudiantes. Estos salones contaban estudiantes diferentes en turnos de la tarde y en la mañana, dando un aproximado de 800 “aprendices” de los cuales se sabía que el 80% realizaba un curso de asistente administrativo, mientras que el 20% restante realizaba un curso de asistente de informática, cursos cuyo 25% del contenido estaba dedica a exponer sobre supuestos logros de los programas socialistas.
Dado que la matrícula en esta institución ascendía a los $35, podría decirse que el gobierno coaccionó al sector privado a gastar más de $28.000 al mes. Una inversión altísima, ya que aproximadamente el 60% de los “aprendices” dejarían el curso, y menos del 20% llegaría a terminar estas pasantías o si quiera ser contratado.
Naturalmente, pasar 1 año y 4 meses realizando un curso, para luego trabajar por 1 año y medio recibiendo sueldo mínimo por un puesto que no está asegurado, representa un sacrificio significativo para la mayoría de aprendices que pertenecen a familias pobres, en este caso, del oeste de la ciudad de Barquisimeto, en el centroccidente del país.
La adversidad es más amplia cuando se toman en cuenta las condiciones para realizar estas pasantías. Primero, se debía firmar un contrato donde se acuerda recibir 75% del sueldo mínimo durante el curso y 100% del salario mínimo durante las pasantías, ambos periodos beneficios laborales —simbólicos— establecidos en la ley. Y en segundo lugar, se debe tomar el cuenta que tal remuneración se ve despojada de poder adquisitivo con las políticas gubernamentales que han llevado a una gran depreciación del bolívar frente al dólar, como se nota en la siguiente gráfica:
Fuente: cotización del salario mínimo en Venezuela en Wikipedia, Tablas de cono monetario VEF y VES, https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Venezuela
En suma, estas remuneraciones se mantuvieron por debajo de los $10 desde poco después de su anuncio hasta 2019. Para que luego, entre 2020 y 2021, llegaran a un promedio por debajo de los $5.
Mientras tanto, el gobierno se jacta —hipócritamente— al decir que esta política es ideal, puesto que es una alternativa a la gran inversión que sería dar “becas” paralelas mediante el sistema patria. El propio Nicolas Maduro admitió que en 2020 solo ingresaron a Venezuela $400 millones … no pudimos sostener las becas para un millón de chamos, porque es una bola de billete”. Sin embargo, la realidad es que dichas becas, para el 15 de marzo de 2021, equivalen a en Bs 1.440.000,00, ($0,77 en ese día), tras un incremento aprobado por el Ejecutivo.
Para llevar la incoherencia más allá. El propio Maduro dijo que “las becas que le dábamos a un millón de jóvenes ahora son una miseria”, por supuesto, atribuyendo la culpa a los EE.UU. y el “bloqueo económico”. Sin embargo, Maduro reconoció que el Plan Chamba Juvenil no cumplió con lo prometido, al cuestionar el desempeño de sus ministros y ordenar en un plazo de siete meses la restructuración.
Lo anterior deja en evidencia que “para obtener recursos, las [instituciones públicas] deben competir con otras actividades financiadas con impuestos (fuerzas armadas, escuelas inferiores, y otros programas de asistencia social, etc.) “ . Y dado que el gobierno prioriza otros gastos en su administración, seguirá cargando los costos hacia los agentes más productivos y por tanto distorsionando la economía.
Tras este análisis, y luego de haber expuesto la naturaleza ineficiente e injusta de estas políticas que proclaman solucionar los problemas de educación superior y trabajo —producidos por el mismo gobierno—, queda preguntarse ¿Qué política solucionaría el problema de la educación para las masas?
Desde el punto de vista libertario, lo imperativo es abolir la intromisión del Estado en la educación. Lo cual puede traducirse, literalmente, a ninguna política. Partiendo de ahí, se acabaría con la carga del impuesto a los agentes productivos y permitiría al mercado disponer de recursos que indirectamente proporcionarán una amplia gama de educación para satisfacer todas las necesidades y demandas libremente determinadas por la población. Además, se cortaría el poder del gobierno de moldear a la opinión de la juventud en la dirección deseada por el Estado.
En este escenario, los sectores pobres tendrían mayor rango de acción e incentivos para crear organizaciones de ayuda mutua y solicitar a voluntarios la donación de recursos para acceder a las herramientas educativas de su preferencia.
Cabe destacar que, gracias a la internet, esto último puede aplicarse sin necesidad de cambiar políticas de gobierno. Existen herramientas como saylor.org y Coursera que ofrecen formación y certificados que pueden ser gratuitos. Por otro lado, existen infinidad de plataformas que enseñan habilidades en demanda. Como Platzi, Crehana, Coursera, Udemy, cuyos cursos pueden costearse con menos de 6 meses de ahorro —en un trabajo de remuneración promedio—, a diferencia de una educación formal que puede llegar a comprometer el patrimonio familiar.
Por ahora, el mercado no considera a estos servicios como sustitutos a la educación superior, pero en mi opinión si representan un complemento valioso para incrementar el valor del individuo en el mercado laboral y generar prosperidad económica a largo plazo. A la vez que se disminuye la cuota de responsabilidad del Estado en acreditar profesionales.
Esta publicación expresa únicamente la opinión del autor y no necesariamente representa la posición de Students For Liberty. En el Blog EsLibertad estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión y la promoción del debate de las ideas. Pueden escribirnos al correo [email protected] para conocer más de esta iniciativa
