El crecimiento de la legislación es un fenómeno paralelo al del aumento de la complejidad de la sociedad en que vivimos. El incremento de la población se traduce en más relaciones jurídicas y económicas, con estructuras cada vez más elaboradas, exigiendo también leyes más numerosas y específicas para controlar y ordenar el tráfico jurídico, de la misma manera que el aumento de automóviles en un territorio determinado exige más reglas, más señales y más limitaciones para garantizar la seguridad del tránsito y la vialidad.
La ley, conforme a la clasificación doctrinal generalizada, constituye la fuente formal del Derecho por excelencia, aunque también existe una posición doctrinal de no considerarla como fuente, sino únicamente como una expresión material del Derecho. En la actualidad, se han desarrollado normas e instituciones poco claras desde el ámbito jurídico, que no buscan los fines propios del derecho que son seguridad jurídica, justicia y paz social, sino, por el contrario, se tienen otros fines como son los económicos y los políticos, convirtiéndose entonces en parte del mismo conflicto que pretende resolver.
La hiperactividad legislativa y la sobrerregulación ocasionan cambios constantes en las normas jurídicas, lo que podría derivar en desconfianza por parte de los ciudadanos de la legislación y en los funcionarios encargados de aplicarlas, además de que el exceso de leyes no garantiza una mayor protección para los ciudadanos, sino que conduce a la inseguridad jurídica, puesto que la superabundancia normativa puede llevar a la promulgación de leyes que sean contradictorias entre sí o a que los distintos organismos tengan criterios diferentes a la hora de juzgar una misma situación.
La legislación y la regulación mal concebidas, incluidos los intentos de “solucionar” problemas que no son problemas, han perjudicado claramente a los Estados y a sus ciudadanos. Estas presiones provienen de los funcionarios que desean aumentar el tamaño y el poder de su personal; los políticos a quienes les gusta afirmar que están “resolviendo” un problema, sin considerar si realmente existe un problema y si su “solución” mejorará o empeorará las cosas; lo que ha tenido como resultado la sobreprocedimentación, la sobrecarga burocrática, la informalidad laboral (por la gran cantidad de trámites y los costos que estos traen consigo), la corrupción y los procedimientos que no están al servicio de la seguridad y de los ciudadanos.
Actualmente, no se concibe la subsistencia de una sociedad organizada carente de normas jurídicas; sin embargo, resultaría discutible hasta qué punto podría ser denominada ley la imposición de una conducta determinada por la voluntad de quienes ostentan la fuerza, y en contra de quienes la padecen, sin nacer realmente de una necesidad social o tener como fin solucionar o regular un problema en específico.Derogar las reglamentaciones motivadas principalmente por la manipulación de la política pública para obtener beneficios privados representaría un gran avance para la seguridad jurídica, la justicia y el bien común. No obstante, la problemática de la hiperlegislación debe ser abordada desde ejes transversales y con una visión holística, en donde las leyes y demás normas que conforman el ordenamiento jurídico vigente sean aplicadas correctamente, sin tintes políticos y teniendo como principio y como fin el bienestar del individuo como núcleo fundamental de la sociedad.
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