Hace unos días, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ofreció una clase magistral no solo de economía, sino de sentido común. En plena sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, varios legisladores realizaron preguntas que parecían más adecuadas para un foro escolar que para una sesión del Poder Legislativo. En una serie de preguntas dignas de un sketch cómico, los legisladores demostraron no tener ni la mínima idea de qué hace (y no hace) el BCRP.
El congresista Wilson Quispe, por ejemplo, preguntó con una confianza tremenda qué estaba haciendo el BCR para “fomentar el empleo” en el país. Mencionó que en algunos países los bancos centrales lo hacen, y se cuestionó por qué no ocurre lo mismo en el nuestro. Quizá Quispe pensó que Velarde podría estirar su función de controlar la inflación hasta convertirse en una especie de gurú laboral. Pero no. El BCR no crea empleo, no regula el trabajo, y tampoco puede diversificar las exportaciones peruanas, como también sugirió Quispe.
La cereza del pastel, como era de esperarse, la puso la congresista María Agüero, quien preguntó cómo el BCR podría generar “empleo digno” y sugirió que la entidad impulse una reforma tributaria. Claramente, nadie le ha explicado que el BCR es autónomo y no tiene poder alguno sobre los impuestos ni los salarios. Estas son competencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de la política fiscal, y del Congreso, responsable de aprobar reformas tributarias; el mismo Congreso que, al parecer, no está muy al tanto de sus funciones.
Velarde, quien lleva años al frente del BCRP y ha sido alabado internacionalmente por su manejo macroeconómico, tuvo que aclarar que el Banco Central de Reserva no es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así de sencillo. El BCR tiene un mandato constitucional claro: preservar la estabilidad monetaria, regular la moneda y el crédito del sistema financiero, y administrar las reservas internacionales. No es su trabajo crear empleo, ni mucho menos reformar la política tributaria.
Así lo explicó Velarde, con una paciencia casi legendaria:
“No somos el Gobierno. No soy el presidente del Ministerio de Economía. Es un banco central cuya tarea es informar de la economía y controlar la inflación, la estabilidad de precio. No hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de agricultura. No puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas, no me corresponde. Como yo no acepto que el MEF se meta en el BCR, el MEF tampoco aceptaría que el BCR se meta en su ministerio.”
Velarde fue contundente al expresar su posición, dejando en claro las limitaciones de su rol. No obstante, lo que Velarde tal vez debió mencionar es que todo esto ya está claramente explicado en nuestra Constitución Política de 1993, una lectura que uno supondría familiar para quienes legislan.
El artículo 84 lo dice sin rodeos:
El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica. El Banco informa al país, exacta y periódicamente, sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio. El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que señala su Ley Orgánica. Ahí lo tienen, congresistas: un recordatorio de la ley de leyes. El BCRP tiene funciones muy bien delimitadas, y ninguna de ellas incluye crear empleo o diseñar políticas laborales.
Por si a alguno de los congresistas le queda alguna duda, aquí va una breve lección de Economía. El Banco Central de Reserva tiene la función principal de controlar la inflación, es decir, evitar que los precios suban descontroladamente, lo que afectaría a todos los peruanos. Para ello, administra las reservas internacionales (ese famoso fondo de 82 mil millones de dólares del que tanto les gusta hablar al congresista Alfredo Pariona), que sirven como una especie de seguro para enfrentar crisis financieras internacionales. Estas reservas no son para gastar a discreción ni para salvar la economía del país por arte de magia; están ahí para estabilizar la moneda y mantener la confianza en el sistema financiero.
El BCR también emite billetes y monedas y realiza informes periódicos sobre la situación económica del país. Pero de nuevo, no es un ministerio ni tiene la responsabilidad de intervenir en sectores como la agricultura, pesca o el empleo. Así que, por favor, estimados congresistas, dejen de intentar convertir a Velarde en un superministro que maneje todas las áreas del Estado. No le corresponde.
Es preocupante que en el Congreso existan legisladores que no tienen claro ni lo básico sobre las funciones de instituciones como el BCRP. Aunque el Banco Central es autónomo y sus decisiones no están sujetas a supervisión directa, el Congreso tiene el deber de ratificar a sus directores y recibir informes sobre la situación económica. Así que lo mínimo que se espera es que se tomen el tiempo de entender estas funciones antes de liderar una comisión tan clave como la de Presupuesto.
La improvisación, la ignorancia y las preguntas mal formuladas no solo desinforman a la población, sino que también evidencia una preocupante falta de preparación por parte de algunos legisladores. Lo que queda claro es que, pese a los obstáculos innecesarios que le ponen a Velarde quienes deberían estar mejor informados, este continuará cumpliendo con su labor de preservar la estabilidad monetaria del país.
La próxima vez que un congresista quiera preguntarle al presidente del BCR qué está haciendo para resolver los problemas del país, sería prudente que, al menos, se tomaran unos minutos para entender las funciones de este organismo constitucionalmente autónomo. Porque si de algo no cabe duda después de esta sesión, es que la desinformación no solo socava la confianza en nuestras instituciones, sino que también desperdicia tiempo valioso que debería destinarse a mejorar la economía, no a espectáculos dignos de sátira. Este episodio en el Congreso dejó en evidencia no solo la ignorancia de los parlamentarios, sino también el riesgo que esto implica para la toma de decisiones del país. Para los curiosos, una rápida lectura de la Constitución, especialmente del artículo 84, aclararía de inmediato lo que Velarde tuvo que reiterar innecesariamente en una sesión que, francamente, nunca debió haberse desviado tanto de su objetivo.
