Tras la pandemia del COVID-19, los gobiernos latinoamericanos se han visto en la necesidad de tomar medidas de control para contrarrestar la propagación del virus. Estas medidas se han incrementado en el transcurso de los meses y con ello, el grado de control social que puede ejercer un gobierno autoritario sobre la población; es el caso que el decreto de cuarentena en diversos países se ha catalogado como medio de control social transcendiendo el objetivo de detener el avance del virus, instaurándose además, como herramienta política aumentando la intervención del gobierno dentro de la sociedad configurándose como un control represivo o sancionatorio.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la resolución N° 1/20 titulada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” en la recomendación 28 establece: “Asegurar la existencia de medios idóneos para el control […] Las autoridades deben evaluar permanentemente la necesidad de mantener la vigencia de cada una de las medidas temporales de suspensión o restricción adoptadas.” Evidentemente, se exalta lo imperante que es para los gobiernos o las autoridades competentes realizar seguimientos de la efectividad de las medidas, debido que estas traen consecuencias para la sociedad, asimismo, se hace hincapié en el análisis de los efectos que puedan tener sobre la población más vulnerable.
En vista de la ola de consecuencias que repercuten a los ciudadanos, es cuestionable la efectividad de las medidas drásticas consistentes en cuarentenas generales y obligatorias tomadas en países como en Venezuela, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Argentina donde las normas destinadas al control se manifiestan reforzando tendencias autoritarias dejando de lado la cooperación pacifica. La violencia estatal, la tasa de desempleo y las limitaciones para acceder a los servicios públicos fundan una sociedad con temor e incertidumbre, intensificando la brecha social existente en Latinoamérica siendo el índice de pobreza el foco principal.
Por consiguiente, parece que las vías para solucionar la problemática acarrean más consecuencias que la pandemia. Los periodos de aislamiento indeterminados, la falta de información veraz y la paralización del desarrollo económico traen como resultado que la misma población no acate la cuarentena, más aun, cuando los sectores menos favorecidos viven del día a día. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades ante esta realidad? En casos como el de Venezuela, desde marzo del presente año solo se han impuesto mayor número de medidas, donde un gran porcentaje de la población no tiene acceso a los servicios públicos y no puede cubrir sus necesidades básicas, todo esto de la mano de un alto nivel de discrecionalidad por parte de las autoridades competentes; otros países como Perú, donde el comercio informar abunda, se llegó a un punto en donde los ciudadanos no sabían quienes tenían permitido circular en las calles.
En definitiva, la cuarentena en Latinoamérica se ha prestado para que ciertos regímenes se beneficien de estas medidas como control social, generando estragos en la población. Más que nunca la sociedad civil debe estar organizada a fin de lograr una equidad entre las medidas para contrarrestar el virus y los derechos y el desarrollo de la población, considerando los efectos que recaen sobre los grupos más vulnerables, ya que, la realidad nos demuestra que un estómago vacío causa más temor que la enfermedad.
Referencias bibliográficas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020). Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Resolución 1/2020. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf [Consultado el 18 de agosto de 2020]
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