Nicolás Pierini
Coordinador de Academia de Estudiantes por la Libertad


Las calumnias de la vicepresidenta, inspiradas en Verbitsky, sobre el juez Giménez Uriburu y su familia; movilización política para tomar distancia de los recortes de Massa

Estamos en una situación de muchísima tensión. Y en el centro de esa tensión hay una discusión que arraiga muy profundo en la Argentina, pero que ahora adquiere una intensidad extraordinaria, por razones obvias. Se está juzgando y se pide una condena muy severa para una figura importantísima, central de la vida política argentina, como Cristina Fernández de Kirchner. Parte de esta discusión introduce a la vicepresidenta y a sus acólitos, a quienes la siguen, en un cuestionamiento de la legitimidad del tribunal que la está juzgando. Ella va a la raíz del problema. Esta forma de encarar su defensa en términos políticos, que consiste en impugnar la legitimidad de la Justicia, ha adquirido una imagen caricaturesca en el mensaje que le envió el hombre fuerte de Venezuela, que no es Maduro sino Diosdado Cabello. Él afirma que la está juzgando la ultraderecha y que la está juzgando una Justicia que está subordinada al imperio americano, a los Estados Unidos.

Esta plataforma conceptual tiene otras modulaciones. Cristina establece un puente entre quienes la contradicen, en este caso quienes la juzgan, y la dictadura militar. La que la está juzgando, en el fondo, es la dictadura. Ella busca estar envuelta en la bandera -tal vez la bandera más legitima que se pueda encontrar- de los derechos humanos-. De hecho, ayer estuvo reunida con organizaciones de DD.HH. que la respaldan. En esta identificación entre el tribunal y la dictadura han ocurrido cosas más que disparatadas. Aberrantes.

Cristina Kirchner dijo en su defensa del martes pasado que el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, no la puede juzgar y no es un juez de la Constitución porque está casado con la nieta del coronel Armando Manuel Hornos, que fue el responsable de las ejecuciones y las desapariciones de personas en Margarita Belén. Por otro lado, insiste en que el mismo juez es hijo de un marino que fue edecán o jefe de protocolo de ceremonial de Galtieri y de Bignone. ¿De dónde saca esto? De una nota de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, en la que el periodista plantea estas imputaciones haciendo algo sumamente cuestionable que es cargarle a alguien los antecedentes de su familia, cosa que no le gustaría a Cristina Kirchner que hagan con su hija, con su hijo con sus nietos.

La nota fue publicada hace tres domingos atrás con el título “Grupo de Familia”. Se reprodujo en un sitio llamado La Resistencia y habla del abuelo Armando. Habla de la relación de la hija del juez Roberto Hornos, con la que está casado Giménez Uriburu. Y que, a su vez, Hornos es hijo de ese coronel que produjo la masacre de Margarita Belén. Acá hay mucho más que un detalle. Está hablando del coronel Armando Hornos.

El juez Giménez Uriburu efectivamente está casado con una señora que es nieta de un militar, llamado Hornos. Pero no Armando Manuel, sino Gaspar Roberto Hornos. El abuelo de la esposa de Giménez Uriburu no fue represor en Margarita Belén. Se retiró del ejército en los años 60. Cristina Kirchner, inducida por Verbitsky, se confunde de militar. Es más, en el año 63 -durante la presidencia de Arturo Illia- Gaspar Roberto Hornos, que ya estaba retirado, era miembro del directorio de YPF. ¿Por qué nos enteramos de que este represor, que Cristina y Verbitsky le cargan a la familia Hornos, no era tal? Lo sacamos de una nota del mismo Verbitsky del año 2002 con el título “La Hora de Hornos”, donde él hace la descripción de quién era el abuelo de la esposa del juez Giménez Uriburu. Y habla de un tal Gaspar Hornos. Dice: “Se retiró del Ejército como coronel y durante el gobierno radical de Arturo Illia integró el directorio de YPF. No se le conoce actividad durante la dictadura militar”. Verbitsky no leyó a Verbitsky. Pero la hizo confundir a Cristina.

¿Por qué no fue posible mostrar la nota original de Verbitsky y hubo que recurrir a otro medio como La Resistencia? Porque el párrafo en el que habla del militar represor que tiene como nieta a la esposa del juez Roberto Hornos ya no está. Lo borró de su página El Cohete a la Luna. Lo borró, pero no aclaró. El lector no sabe por qué desapareció. Desapareció porque era simplemente mentira. Hablamos de un tema que es delicadísimo, como es imputarle algo a alguien, que no es que se robó plata de Santa Cruz de la obra pública. Se trata de la desaparición de personas.

Cristina Kirchner hace una segunda imputación. Dice: “No me puede juzgar este juez porque es hijo de un jefe de ceremonial de Galtieri y de Bignone”. Es parcialmente cierto. Siempre hay un margen de error. El padre del juez Giménez Uriburu es un marino que efectivamente ejerció ese rol. Hay que recordar que la de Bignone fue la última presidencia de la dictadura, que dio lugar a la apertura democrática con las elecciones en las que triunfó Alfonsín. El marino Giménez Uriburu fue también jefe de ceremonial de Alfonsín.

¿Qué no dice Verbitsky en su nota y tampoco aclara Cristina? Giménez Uriburu, el juez que es hijo del marino que trabajaba con Bignone, en el año 2011 le dio 15 años de prisión a Bignone. Es decir, aparentemente, si nos guiamos por sus hechos y no por sus relaciones de parentesco, tiene bastante autonomía respecto de las vinculaciones funcionales de su padre. En esa condena, que es la condena por los crímenes del Hospital Posadas -donde le iban a dar la vacuna VIP a Verbitsky si no fuera que se la dieron en el despacho de Ginés González García-, también su juzgó a Luis Muiña, cuyo caso fue motivo de una gran controversia por el beneficio del 2×1. La misma condena es dictada, además, por el miembro de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi, a quien el kirchnerismo también vincula con Mauricio Macri y, por lo tanto, con la dictadura, con relaciones transitivas que uno no termina de entender.

¿Por qué todo esto es importante? Porque volvemos a encontrarnos con un problema extraordinariamente delicado para la sociedad argentina y es el uso de los derechos humanos como una bandera de facción. Si hay una causa, un valor, que debería tener por definición carácter universal -que le vale por igual a todos los seres humanos- es el valor de las garantías identificadas con los derechos humanos. No debería ser, como es habitualmente, un arma arrojadiza en la pelea política o la pelea de facciones. Todo eso va degradando esa agenda y los valores compartidos que debería tener la sociedad respecto de cuestiones sagradas. Verbitsky está muy identificado con esa conducta, tanto que hay organismos internacionales que desistieron de tenerlo como miembro, por ejemplo, Human Rights Watch, donde fue integrante del directorio durante muchos años. En 2019, la ONG decidió a renovar ese directorio, despidió a todos los que lo conformaban y volvieron a constituir otro con miembros anteriores y otros nuevos. Pero no creyeron pertinente volver a convocar a Verbitsky. Prefirieron que la Argentina estuviese representada por Roberto Gargarella y Ricardo Gil Lavedra.


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