Marco Teórico
Guillermo O’Donnell en su obra “Modernización y Autoritarismo” (1973), desarrolla el concepto de Estado burocrático-autoritario (EBA) para caracterizar a los regímenes militares que emergieron en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970. Uno de los aportes centrales de este enfoque es que las Fuerzas Armadas se presentan cómo actores legítimos para intervenir en la vida política en momento de crisis, bajo la justificación de “restaurar el orden” frente al “caos civil”: Bajo esta lógica, el orden político y económico es visto como superior a la legitimidad democrática. Lo interesante es que en muchos sectores de la sociedad se mantiene la idea de que las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar como garantes del orden cuando las instituciones democráticas fallan o se ven desbordadas por fenómenos cómo la inseguridad. Para el caso de Argentina, el Estado Burocrático-Autoritario, constituye un marco teórico fundamental para comprender por qué algunos sectores de la población siguen considerando aceptable la intervención militar ante situaciones de crisis. Siguiendo con O’Donnell, nos gustaría dejar una breve aclaración de aquellos legados autoritarios en la cultura política de la región, particularmente en países cómo Argentina, dónde las dictaduras militares dejaron una huella profunda. Ese legado se palpa en la cultura política, la cual se ve atravesada por una baja valoración de los mecanismos democráticos formales y una mayor predisposición a confiar en figuras fuertes o instituciones coercitivas como las Fuerzas Armadas cómo garantes del orden, sobre todo en contexto de crisis o inseguridad.
Por otra parte, el sociólogo y jurista Jonathan Simon, en su obra Governing Through Crime (2007), analiza cómo el crimen y la inseguridad se fueron convirtiendo en el eje articulador de la política pública y el discurso político en varias democracias contemporáneas. Según Simon, cuando el miedo al delito se instala cómo problema principal en la agenda pública, se produce un proceso de politización del crimen, que transforma la manera en la que los ciudadanos conciben la autoridad, la seguridad y el castigo. Esto produce el efecto de que la preocupación por la inseguridad tiende a desplazar la discusión democrática y a justificar políticas de tipo punitivo o autoritarias. Así, la ciudadanía puede aceptar o incluso demandar el uso de la fuerza como solución inmediata, desplazando los principios del Estado de derecho. Para nuestro caso, también tuvimos en cuenta el trabajo de Gabriel Kessler, siendo fundamental para entender cómo se configura el discurso de la inseguridad cómo una construcción social y política. En su libro “El sentimiento de inseguridad” (2010), Kessler nos muestra cómo, especialmente desde la década de 1990 en adelante, la inseguridad se
convirtió en problema central del debate político argentino, atravesando todas las clases sociales, favoreciendo discursos de “mano dura” y a propuestas que, aunque autoritarias, son vistas como necesarias frente a la incapacidad percibida de las instituciones democráticas para contener la violencia. En este marco, se refuerza la idea de que el orden debe imponerse incluso a costa de sacrificar derechos, y se legitima la participación de instituciones como las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, entendimos la importancia de tener en cuenta cómo marco teórico los diversos estudios empíricos que han demostrado que el nivel educativo constituye un factor central en la formación de actitudes políticas democráticas. Entre las investigaciones más relevantes, tuvimos en cuenta el trabajo de Nie, Junn y Sthehlik-Barry (1996), quienes analizan el impacto de la educación en la ciudadanía democrática. Los autores sostienen que la educación formal, no solo aumenta el conocimiento político y la capacidad de participación, sino que además, fomenta ciertos valores democráticos, cómo la tolerancia, la deliberación y el respeto por los derechos civiles. Los autores concluyen en la idea de que la educación no solo incrementa la participación política, sino que fortalece las actitudes democráticas, reduciendo la predisposición a aceptar salidas autoritarias ante situaciones de crisis. En el contexto argentino, los sectores con bajo nivel educativo tienden a ver en las Fuerzas Armadas una solución al problema de la inseguridad. Esta relación cobra especial relevancia para explicar la justificación de un golpe de Estado. A este enfoque, logramos articularlo con el enfoque de Inglehart y Welzel (2005), quienes sostienen que el incremento del nivel educativo en las sociedades contemporáneas contribuye al fortalecimiento de una cultura emancipatoria. Según su teoría, a medida que las condiciones materiales y educativas mejoran, las sociedades transitan desde valores de supervivencia (centradas en el orden y la seguridad), hacia sociedades donde los valores que priman son las libertades individuales, la participación política y la tolerancia. En este marco, la educación actuaría cómo un vector de cambio cultural que debilita las actitudes autoritarias y refuerza el compromiso con la democracia.
Ambos enfoques coinciden en que el nivel educativo es un factor central en la predisposición a justificar o rechazar salidas autoritarias frente a situaciones de crisis, cómo en este caso la inseguridad. Aquellos sectores con menor formación educativa podrían manifestar una actitud más proclive a tolerar rupturas institucionales, cómo un golpe de Estado, especialmente si existe confianza en instituciones de tipo coercitivo cómo podría ser las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los individuos con niveles educativos más altos, tenderán a canalizar sus demandas dentro de un marco institucional, mostrando mayor resistencia a legitimar salidas autoritarias.
En suma, la justificación de golpes de Estado en nombre del orden y la seguridad no es fenómeno aislado, sino que se inscribe en una red compleja de variables interrelacionadas, el nivel educativo, la confianza institucional, los legados autoritarios en la cultura política y la construcción social del miedo a la inseguridad. Estos factores abordados desde distintos marcos teóricos, permiten comprender cómo ciertos sectores de la ciudadanía pueden llegar a aceptar, o al menos considerar legítima la intervención de actores no democráticos frente a situaciones de crisis.
El presente trabajo, busca indagar empíricamente cómo estas variables se articulan en el caso argentino, utilizando los datos de la encuesta LAPOP cómo base para el análisis cuantitativo; particularmente se presta atención a un fenómeno que emerge con fuerza: la coexistencia de altos niveles de confianza en las Fuerzas Armadas sin una justificación explícita de su intervención ante un aumento de la delincuencia y una supuesta pérdida de control del gobierno civil. Esto nos plantea interrogantes sobre factores que permiten confiar en las Fuerzas Armadas sin necesariamente legitimar un golpe de Estado. Así, se abre la posibilidad de explorar dimensiones más profundas de la cultura política democrática en Argentina, donde la confianza en las instituciones armadas no siempre deriva en actitudes autoritarias, y dónde el contexto, la trayectoria educativa y la legitimidad del sistema democrático siguen siendo variables clave para comprender las tensiones actuales entre orden y democracia.
