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En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha dado un paso más hacia la consolidación de su dictadura con una histórica reforma a la Constitución, que modifica más de 100 artÃculos clave. Estas reformas tienen como objetivo desmantelar lo poco que queda de democracia, concentrando el poder en manos del dictador y su esposa, Rosario Murillo. Uno de los cambios más significativos es la creación de la figura de la copresidencia, que reconoce a Murillo como copresidenta, un cargo que ya ha desempeñado de facto. Esta reforma también refuerza el control de Ortega sobre los poderes del Estado, estableciendo una figura de “coordinadora” para los poderes legislativo, judicial y electoral, eliminando asà cualquier independencia de estos.
Entre las modificaciones, el artÃculo 94 legitima la intervención del ejército nicaragüense para apoyar a la policÃa cuando se considere necesario para la “estabilidad del paÃs”. Además, el artÃculo 97 crea una policÃa voluntaria, integrada por ciudadanos nicaragüenses, que actúa como un cuerpo auxiliar de la policÃa nacional, lo que legaliza de facto a los paramilitares que han sido una constante en la represión desde 2018.
Una reforma particularmente controvertida es la que convierte la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en un sÃmbolo patrio. Esto obliga a los ciudadanos a colocar esta bandera en sus hogares durante los dÃas festivos nacionales, lo que refuerza la ideologÃa del régimen. Con esta medida, Ortega y Murillo intentan asegurar que todos se identifiquen con su partido, que ha sido responsable de muchas de las muertes y sufrimiento en el paÃs a lo largo de los años.
Asimismo, la reforma crea una estructura polÃtica en la que Ortega y Murillo no solo tienen el control de la presidencia, sino también de los vicepresidentes. A partir de ahora, ellos serán quienes nombren a los vicepresidentes, lo que abre la puerta para que sus hijos o personas cercanas al régimen ocupen este cargo, perpetuando aún más el poder familiar. La figura de la vicepresidencia, que antes era elegida por voto popular, ha sido eliminada.
En cuanto a la libertad de prensa, la reforma introduce un control más estricto sobre los medios de comunicación, que estarán sujetos a las decisiones del gobierno sobre qué constituye “noticias falsas”. Esto elimina cualquier margen de libertad para los periodistas y medios que no se alineen con la versión oficial del régimen. Además, se establece la vigilancia estatal sobre la religión, limitando la libertad de las iglesias, especialmente aquellas con conexiones internacionales.
La reforma también aborda el tema de las sanciones internacionales. Una de las leyes más polémicas obliga a los bancos y empresas privadas a hacer negocios con funcionarios sancionados por gobiernos extranjeros, como Estados Unidos o la Unión Europea. Si no cumplen con estas disposiciones, las entidades podrÃan enfrentar multas o sanciones, lo que pone a los bancos en una situación difÃcil, ya que también están sujetos a normativas internacionales.
Una de las medidas más alarmantes es la oficialización de los paramilitares como una fuerza de policÃa voluntaria, lo que aumenta la militarización del paÃs. Bajo estas reformas, el ejército puede intervenir para ayudar a la policÃa en cualquier situación de “emergencia”, lo que refuerza el control autoritario del régimen sobre la sociedad.
En resumen, estas reformas constitucionales no son más que un intento de Ortega y Murillo de consolidar su poder y eliminar cualquier forma de oposición o independencia en Nicaragua. Al legalizar y expandir la represión, controlar los medios, eliminar las elecciones libres y establecer un sistema de poder familiar, el régimen ha dado un paso decisivo para perpetuarse en el poder y consolidar una dictadura de facto.
